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Corte Constitucional admite demanda contra Pacto de Bogotá y cita a 5 expresidentes

Corte Constitucional
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–La demanda interpuesta por el presidente Juan Manuel Santos al llamado Pacto de Bogotá, para renunciar a ese mecanismo y evitar que Nicaragua continúe su política expansionista, fue admitida por la Corte Constitucional.

Tras tomar la decisión, el alto tribunal cito a los expresidentes de la República Belisario Betancourt, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, para que expongan sus criterios sobre el Pacto de Bogotá, que precisamente obliga al país a reconocer los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El magistrado Mauricio González Cuervo fue designado ponente de la demanda interpuesta por el presidente Santos y dispuso convocar a los expresidentes para que expongan lo que sucedió en sus respectivos gobiernos con la observancia de ese tratado internacional y las consecuencias que tendrá el retiro de Colombia.

Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el litigio entre Colombia y Nicaragua, el presidente Juan Manuel Santos anunció el 28 de noviembre de 2012 que Colombia se retiraba del Pacto de Bogotá, poniendo término a la jurisdicción de la CIJ en eventuales demandas con otros países.

Ese mismo día, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, confirmó el recibo de la denuncia del tratado por parte de Colombia.

El pasado 12 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos, presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Pacto de Bogotá para que ese tribunal se pronuncie sobre la tesis de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre límites con Nicaragua no se ajusta a la Carta Magna.

Según Santos, “hay dos artículos de ese tratado que violan claramente una disposición de nuestra Constitución porque dicen que el país tiene que cambiar los limites, las fronteras, automáticamente en virtud de algún fallo de la Corte Internacional”.

El Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, deriva su nombre de que fue suscrito en la capital colombiana el 30 de abril de 1948 por los países independientes de América reunidos en la IX Conferencia Panamericana.

El objetivo del tratado es el de imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos.

También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos: buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) siete días más tarde. Posteriormente, entre los veintiún países signatarios del convenio, nueve lo ratificaron sin reservas (Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay), seis lo ratificaron con reservas (Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú), cinco no lo han ratificado (Argentina, Cuba, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela) y uno lo denunció (El Salvador).

El Pacto de Bogotá fue aprobado por el congreso colombiano mediante la Ley 37 de 1962.

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