–El Ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, reveló la existencia de una red de delincuentes que estaría extorsionando a las víctimas del conflicto armado, amenazándolas con no incluirlas en el Registro Único de Víctimas o sacarlas del mismo si no acceden a pagar un porcentaje de lo que reciban como indemnización por vía administrativa.

Las denuncias fueron hechas por Gómez Méndez en el marco del Conversatorio sobre Justicia Transicional, al que asistieron representantes de organizaciones de víctimas y organizaciones sociales de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, Cundinamarca y Bogotá.

Gómez Méndez indicó que gracias a las jornadas realizadas por el ministerio para la implementación de la Ley 1448 de 2011 a través de una Unidad Móvil de Atención que está visitando los municipios más apartados, se ha podido detectar en localidades como Aracataca, Algarrobo y Fundación (Magdalena), casos de falsas víctimas y de personas que están cobrando fraudulentamente para materializar los derechos de éstas a la reparación”.

A su turno, el Viceministro de Política Criminal, Miguel Samper Strouss, señaló que las denuncias son sumamente graves en la medida que se están suplantando víctimas e incluso, presuntamente, algunos funcionarios públicos estarían haciendo parte de estos mercaderes del dolor para cobrarles a las víctimas por servicios que son absolutamente gratuitos y que perjudican la intención del Estado para materializar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

“Hemos encontrado casos en los que si las víctimas no acceden a pagar un soborno, se les amenaza y se les saca del Registro Único de Víctimas. Lo que queremos evitar es que estos soterrados avivatos, mercaderes de dolor, paren de negociar con los derechos de las víctimas”, precisó.

El funcionario agregó que “el Ministerio de Justicia le oficiará a la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención de Víctimas, para que adelante las investigaciones correspondientes y tome las medidas que sean necesarias, al igual que oficiaremos a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen porque esto sí constituye un delito”, señaló Samper.

El Ministro Gómez Méndez insistió en el llamado a las víctimas para que confíen en las autoridades y denuncien estas conductas.

Al efecto, indicó: “Queremos enviarles un mensaje muy claro a las víctimas en todo el país: el acceso a las medidas de reparación y de restitución que contempla la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras son absolutamente gratuitas y que si alguien está tratando de cobrarles por una intermediación innecesaria, que lo denuncien. El Ministerio de Justicia y el Estado colombiano las respalda y defiende”, recalcó.