Nueva alerta lanza Defensoría por llegada de la banda criminal de «los urabeños» a Soacha
Según Otálora Gómez, se han incrementado la violencia y las amenazas contra miembros de la población desplazada, docentes, líderes comunitarios y jóvenes de esta localidad cundinamarquesa.
La Cuarta Nota de seguimiento al Informe de Riesgo 004-11 presentada esta semana por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo al Ministerio del Interior, reitera que el escenario de riesgo en el municipio de Soacha ha estado determinado por la presencia y actuación de grupos armados ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de las AUC, autodenominados como ‘Águilas Negras- Bloque Capital- AUC’ y los ‘Rastrojos Comandos Urbanos’, así como posibles milicias de las Farc.
Con posterioridad a la emisión de la tercera Nota de Seguimiento, presentada el pasado 10 de junio, el SAT de la Defensoría del Pueblo ha podido establecer que a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, la situación de riesgo y amenaza generada por estas agrupaciones armadas tiende a agravarse por la presencia de ‘Los Urabeños’.
De acuerdo con el monitoreo realizado por el SAT, la actuación de estos grupos armados ilegales se ha extendido a zonas de Soacha que no habían sido objeto de advertencia por parte de la Defensoría del Pueblo, como es el caso de la comuna dos (Centro), en donde la población residente en los barrios Bochica y La Amistad, aproximadamente 3000 habitantes, están expuestos a las agresiones de los integrantes de esos grupos ilegales.
La Nota de Seguimiento del SAT, advierte que las pretensiones de esos grupos ilegales son ampliar su injerencia, control territorial y social a través de la persecución de los procesos educativos, sociales y culturales impulsados desde colegios, escuelas y otros espacios de formación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Según Otálora Gómez, “esto resulta gravísimo toda vez que constituye un riesgo para las personas que ejercen el derecho a la participación y la formación ciudadana, y que se oponen al accionar de los grupos ilegales, tales como estudiantes, docentes y líderes de procesos pedagógicos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
La Defensoría del Pueblo ha conocido información sobre los constantes actos de intimidación contra la población civil, por medio de amenazas para evitar la denuncia de sus acciones ilícitas, generar desplazamientos forzados y facilitar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
Las principales víctimas de estas conductas son las personas en situación de desplazamiento forzado, que recientemente han llegado al municipio, a quienes los grupos ilegales les han indicado que no están a salvo en este nuevo territorio. Esta situación aumenta el miedo y debilita la capacidad de reacción y denuncia, lo cual ha instaurado un ambiente de temor y silencio, que es funcional a los intereses del actor armado ilegal.
La implementación de estas estrategias violentas también incrementa el grado de vulnerabilidad de los líderes sociales, representantes de víctimas y de población en situación de desplazamiento forzado, presidentes y miembros de Juntas de Acción Comunal, e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos que impulsan procesos de organización para la participación ciudadana y la defensa de derechos.
La Defensoría del Pueblo a través del SAT emitió el Informe de Riesgo No 004-11 del 15 de abril de 2011 y cuatro notas de seguimiento, de las cuales se resaltan la Tercera Nota de Seguimiento (007-13) del 17 de junio de 2013 y la Cuarta Nota de Seguimiento No 014-13 del 7 de noviembre de 2013.
En estos documentos de advertencia, la Defensoría del Pueblo les ha recomendado a las autoridades civiles y militares, fortalecer su capacidad operativa y hacer presencia permanente en las zonas identificadas en riesgo, así como articular acciones de investigación y control con el objetivo de identificar, investigar y sancionar a los responsables de las amenazas e intimidaciones contra docentes y estudiantes, particularmente de aquellas personas dedicadas a actividades de promoción de la cultura y el uso del tiempo libre.
Además, le ha recomendado a la Unidad Nacional de Protección, evaluar de forma oportuna la situación de riesgo y adoptar las medidas de protección especiales, en concertación con los líderes comunitarios amenazados, pertenecientes a las comunas focalizadas, incluyendo a maestros/as, miembros de juntas de acción comunal, defensores de Derechos Humanos, reclamantes de tierras, y representantes de organizaciones de población desplazada y sus familias.
Por último, Otálora Gómez les recomendó a la Gobernación del departamento de Cundinamarca y a la Alcaldía Municipal de Soacha, aplicar la ruta de prevención y protección, tomando en cuenta los diagnósticos de la Defensoría del Pueblo.
Zonas en riesgo:
Comuna Uno (Compartir): barrios Ducales I y II, Villa Sofía I y II, Villa Italia, Quintas de Santa Ana I, II y III y Nueva Compartir.
Comuna Dos (Centro): barrios Bochica y La Amistad.
Comuna Tres (La Despensa): barrios León XIII, La Despensa, Los Olivos I y II, La María y Ciudad Verde.
Comuna Cuatro (Altos de Cazucá): barrios El Oasis, La Isla, Los Robles, El Mirador de Corinto, El Paraíso de Corinto, La Nueva Unión, Villa Esperanza El Barreno, El Progreso, La Capilla, Villa Sandra, Villa Mercedes I y II, Ciudadela Sucre sector San Rafael y sector La Y, Loma Linda, Ciudadela Sucre sector Las Margaritas, Ciudadela Sucre sector Jaime Garzón, Ciudadela Sucre sector Bellavista, Ciudadela Sucre Rincón del Lago, Ciudadela Sucre La Unión, Ciudadela Sucre Los Pinos, Julio Rincón I, II y III, Terranova y Luis Carlos Galán sectores I, II y III.
Comuna Cinco (San Mateo): la zona comercial.
Comuna Seis (Chicó): barrios Altos de la Florida sectores I, II y III, sitios la Y, El Ponqué, El Pastal, El Tanque, Barrios El Retiro, San Martín, La Cristalina, Divino Niño, Panorama.
