El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dio señales de adoptar para Venezuela la doctrina económica de su homologo de Zimbabue, Robert Mugabe, quien intentó bajar la inflación por decreto en 2007, cuando los precios tardaban 15 horas en duplicarse, “prohibiendo” la inflación y procediendo a cerrar los establecimientos comerciales cuyos propietarios incrementaran los precios.

Apenas 48 horas después de que el Banco Central de Venezuela (BCV) informara de que en octubre los precios aumentaron un 5%, y que con ello durante un año la tasa de inflación escalaba al 54%, Maduro tomó la idea de Mugabe.

El viernes por Maduro, anunció la ocupación de las cinco tiendas de una importante cadena de electrodomésticos, Daka, en la que se habrían detectado aumentos “injustificados” de precios. Sin aguardar a que la presunción se convirtiera en certeza, ordenó confiscar los inventarios de Daka y ponerlos de inmediato a la venta a unos “precios justos” que las mismas autoridades gubernamentales establecieron de manera sumaria.

La subasta de artefactos para el hogar resultó un llamado irresistible para miles de compradores que se agolparon frente a las tiendas. El tumulto derivó en saqueo en al menos una de las sucursales de Daka, en Valencia, capital del estado de Carabobo, donde se vio a funcionarios militares y policiales correr con parte del botín.

El sábado, Maduro extendió la operación de “ventas supervisadas” a otros minoristas de electrodomésticos. Además, anunció que algunos de los gerentes y dueños de esos establecimientos fueron detenidos por la policía política, Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), en cuyos calabozos permanecen a la orden de la fiscalía.

Al parecer, el Gobierno habría considerado exitosa la toma de los comercios —tanto como medida extrema de distribución de los bienes, por un lado, como freno heterodoxo de la inflación—, ya que el domingo, el Presidente infromó que se iniciaría una ofensiva similar contra expendios de otras categorías: alimentos, calzado, ferretería, juguetes, vehículos y ropa. “Tengan calma y confíen en el Gobierno”, instó el mandatario a los cazadores de ofertas, para que en las tiendas donde ahora se practique la toma y fiscalización no se reproduzcan las largas filas de ansiosos compradores que, aún ayer, persistían frente a los negocios de electrodomésticos. “Así iremos bajando los precios en toda la economía hasta conseguir el equilibrio”.

Durante su alocución Maduro no descartó que el Estado deba retener el control de algunos de los comercios intervenidos “porque sus dueños hayan huido”. A los comerciantes “que especulen” les prometió penas de 30 años de cárcel —la máxima permitida por la Constitución Nacional—, que promulgará una vez cuente con los poderes especiales para legislar que con toda probabilidad esta semana le otorgará la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo. También apuntó que entonces establecerá por ley márgenes “razonables” de ganancias en todos los ramos de la economía.

Estos vaticinios nada auspiciosos para las libertades económicas en Venezuela parecen marcar el inicio de una nueva fase de la autodenominada Revolución Bolivariana. Diversos observadores hicieron notar que las confiscaciones en Daka, así como la ocupación el mismo viernes por la noche de una distribuidora de productos lácteos, Agropecuaria Sudamericana, afectaron a comerciantes vinculados a figuras del chavismo, lo que dejaría entrever que también en la maniobra se están cobrando facturas entre las facciones internas oficialistas.