La Fiscalía General de la Nación anunció que arreciará su accionar judicial para perseguir y localizar los bienes y predios de los desmovilizados que hayan sido adquiridos ilegalmente para vincularlos a los procesos de restitución de tierras.

Desde 2011, la subunidad de bienes de la Unidad de Justicia y Paz ha decretado la extinción de dominio sobre 126 bienes entregados y ofrecidos por los postulados, radicó 127 solicitudes de restitución sobre bienes rurales y ha obtenido la restitución de 20 bienes, así como la cancelación de títulos obtenidos en forma fraudulenta.

Radicó además 14 solicitudes de medidas cautelares respecto de bienes introducidos en el proceso de justicia y paz ante la Magistratura de Control de Garantías de Justicia y Paz de los Tribunales de Bucaramanga y Barranquilla, sobre casos de despojo que serán enviados a la Unidad de Restitución de Tierras una vez se decrete la medida cautelar sobre los respectivos bienes.

Con el plan de priorización para la persecución de bienes de propiedad de desmovilizados de grupos paramilitares y subversivos postulados a la ley de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación pretende intensificar su tarea de identificación y documentación de los bienes ofrecidos por los postulados respecto de los cuales no se ha solicitado medida cautelar y garantizar que los desmovilizados ofrezcan los bienes en su poder.

Previo a la creación de la subunidad en el 2011, se había realizado la restitución directa de 110 predios en los departamentos de Córdoba y Norte de Santander, relacionados con despojos perpetrados por el bloque Catatumbo y Resistencia Tayrona. En la subunidad han sido radicadas 14 solicitudes de medidas cautelares.

Actualmente se realizan 7 trámites excepcionales de restitución para los casos, en el departamento de Magdalena, de Chivolo (37 predios), San Carlos y la Paz (2 predios), Mendihuaca (2 predios), La Sevillana, Puerto Colombia, Guacamayas (12 predios) y Tulapas (5 predios).

Debido al despojo jurídico que se presentó en el municipio de Chivolo, la justicia ordinaria ya ha proferido tres sentencias condenatorias contra funcionarios del entonces Incora seccional Magdalena.

De acuerdo con este plan de acción, las investigaciones estarían concentradas en contra de los 16 postulados considerados los máximos responsables de grupos alzados en armas como Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, Freddy Rendón Herrera, Ramón Isaza Arango, Ramiro Vanoy Murillo, Edwar Cobo Téllez y Hebert Veloza, entre otros.