Una verdadera avalancha de tutelas se produjo la víspera para tratar de «tumbar» la sanción de destitución e inhabilitación por 15 años impuesta al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro por parte del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado.

Sin embargo, aunque el procedimiento es legal, tal como lo admitió el propio procurador Ordoñez, el Consejo Superior de la Judicatura advirtió hoy que se incurrió en un error de trámite en la llamada «tutelatón» realizada por los ciudadanos capitalinos, en desarrollo de la cual se presentaron más de mil demandas.

Concretamente, el presidente de la sala disciplinaria del organismo, Wilson Ortíz, señaló que las demandas debieron ser tramitadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca y ante el mismo Consejo Superior de la Judicatura, que, como órganos de segunda instancia, son los que tienen la competencia para definir las tutelas que involucran a decisiones de organismos del orden nacional, como lo es la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, el magistrado Ortiz señaló que respetando la independencia de los jueces ante los cuales se instauraron las demandas, estos pueden acumular las tutelas y enviarlas a los respectivos tribunales superiores.

De otro lado, aclaró que la vacancia judicial, que se inicia el 19 de diciembre y termina el 11 de enero, no afectará el desarrollo de los procesos judiciales, por cuanto en ese lapso seguirán funcionando los juzgados penales, promiscuos municipales y de menores.