El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, recibió este lunes al alto comisionado (e) de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, Juan Carlos Monge, con quien el jefe del Ministerio Público socializó sus funciones y acción disciplinaria.

Ordóñez explicó a la delegación internacional las funciones de la Procuraduría General de la Nación, el ejercicio de su acción como autoridad disciplinaria en el país, resolvió algunas de las inquietudes a propósito del fallo de destitución e inhabilidad en contra del señor alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, el cual motivó a esta dependencia de las Naciones Unidas a solicitar el encuentro.

Al término de la reunión, que tomó más de dos horas, el representante (e) de la ONU expresó su satisfacción por el “diálogo constructivo” y resaltó que su función en este caso es netamente informativa.

“Está en este momento en las manos del señor procurador y de la Procuraduría en general, resolver los recursos que deban resolverse y tomar una decisión que nosotros confiamos ha sido apegada a derecho, con las facultades constitucionales y legales”, aseguró.

Concluida la jornada de trabajo, la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo también se pronunció ante los medios de comunicación, resaltando los motivos de la visita de los delegados de las Naciones Unidas al Ministerio Público.

“Tuvimos un diálogo amigable acerca de algunos factores como el contenido del Artículo 25 del Pacto de San José, el 23 de la Convención Interamericana de Derechos y tocamos algunos temas, de manera abstracta, en cuanto al fallo”, explicó.

Frente a inquietudes de los comunicadores, la viceprocuradora manifestó que ningún funcionario de la Entidad ha pretendido obstruir las labores de la Fiscalía General de la Nación.

“La Procuraduría General de la Nación y en particular los funcionarios encargados de adelantar el proceso que culminó con el fallo conocido en contra del alcalde distrital, no se negaron en modo alguno a la entrega de ningún documento”, sentenció.

La servidora recordó que el fallo y la documentación entregadas al ente investigador tienen carácter reservado, pues aún no ha sido posible notificar la decisión disciplinaria al alcalde mayor de Bogotá o a sus apoderados.

“El fallo, como no ha sido notificado, no debía ser conocido, y sin embargo algunos medios de comunicación lo difundieron. Hicimos la advertencia porque tal comportamiento puede encausar en una falta disciplinaria”.