–El influyente diario «New York Times» publicó este jueves un artículo escrito por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en el cual reafirma que la decisión del Procurador General Alejandro Ordoñez de destituirlo y de inhabilitarlo 15 años, es arbitraria y pretende darle un duro golpe al proceso de paz que adelanta el gobierno con las Farc en La Habana, Cuba.

«Estoy desafiando la decisión del Procurador General, que considero arbitraria y sin motivaciones», señala Petro en el escrito, en el cual agrega:

“Mientras que el Procurador tiene poder, según la Constitución, para eliminar a ciertos funcionarios, en mi caso el Sr. Ordóñez ha sobrepasado y abusado de esta autoridad. Al intentar descalificar de participación en la política en el más trivial de pretextos, el Sr. Ordóñez intenta poner fin a mi carrera política y debilitar a la izquierda política. También quiere dar un duro golpe al proceso de paz con las FARC”.

Bajo el título «Don’t Trash Colombia’s Democracy» -No destruir la democracia de Colombia-, Petro reitera que su único pecado fue un proyecto para tomar bajo la administración de la ciudad, la recolección de basura, dirigida por un oligopolio de contratistas privados.

en el articulo, Petro reseña cómo se enteró de la decisión del procurador de destituirlo, la reacción que ha provocado entre los habitantes de la ciudad y destaca que su administración «se ha centrado en ayudar a los pobres, preparando la ciudad para los efectos del cambio climático y el fortalecimiento de la esfera pública».

También hace referencia a su antecedente guerrillero, como integrante del M-19 y recuerda que por ello fue encarcelado y torturado de 1985 a 1987, para destacar luego el acuerdo de paz que este grupo subversivo firmó con el gobierno en 1990, que le permitió a sus integrantes reintegrarse a la vida civil y participar en la política, pese a lo cual el candidato presidencial del movimiento, Carlos Pizarro Leóngómez fue asesinado.

Aclara que el M-19 nunca fue parte de las Farc que está negociando actualmente la paz con el gobierno en La Habana, Cuba, para poner fin a casi medio siglo de conflicto armado, pero añade que «el esfuerzo para eliminarme ha convertido en indisolublemente atado con la cuestión de si y cómo poner fin a la larga lucha contra las FARC».

Agrega que quienes apoyan las negociaciones con las FARC han dicho que quitarlo del camino demostraría que los guerrilleros no tendrían garantías al deponer las armas y al respecto recordó que esta preocupación fue compartida por Kevin Whitaker, nominado del Presidente Obama para ser embajador en Colombia.

Al efecto trajo a colación las palabras de Whitaker en la comisión de relaciones exteriores en donde dijo que «si las personas en Colombia debían concluir, basado en esta acción o cualquier otra acción, que no existe ese espacio, entonces van a ser, en cierto modo, erosionado las condiciones básicas para la paz».

Igualmente recuerda que como un senador colombiano, apoyó el nombramiento de Alejandro Ordoñez como procurador general inspector, «debido a mi creencia en la importancia del pluralismo político, aunque él es un aliado cercano del ex Presidente derechista Álvaro Uribe (quien ha criticado a su sucesor, el Sr. Santos, para hablar con las FARC)».

Reseña que precisamente por la extralimitación en que ha incurrido Ordoñez al destituirlo muchos en Colombia están pidiendo una reforma de los poderes del Procurador y han planteado una segunda instancia judicial antes de que un funcionario electo pueda ser eliminado.

«Esto haría que nuestra Constitución en línea con la Convención Americana sobre derechos humanos, un tratado que Colombia ha ratificado, permita que los funcionarios electos sea destituidos solamente después de haber sido declarado culpable por un juez competente en los procesos penales», subraya Petro.

El alcalde de Bogotá considera que los motivos de su destitución «son absurdos» y pone de presente que ese hecho se baso en la decisión que tomo en diciembre del año pasado de «romper el oligopolio de empresas privadas que celebran los contratos para la eliminación de basura», luego de establecer que esas compañías «habían sobrecargada» a la ciudad con unos 300 millones de dólares.

«Reconozco que mi Gobierno cometió errores que no son infrecuentes cuando se cambia el modelo para la prestación de un servicio público tan complejo como la recolección de basura en una ciudad con millones de habitantes», subraya Petro.

Sin embargo, aclara que el procurador Ordóñez no lo ha comprobado ningún crimen y que soo ha basado su decisión en un «ataque a la libre empresa» por haberle quitado el negocio de las basuras a los empresarios privados.

En el fondo, dice, el procurador Ordóñez muestra un patrón de intolerancia y recuerda que como estudiante en la norteña ciudad de Bucaramanga, hace más de 30 años, participó en la misa quema de libros considerados «impías» de una biblioteca pública, que incluían las traducciones protestantes de la Biblia.

Agrega que como procurador general, Ordóñez interfirió con la construcción de una clínica en Medellín, en la teoría de que los abortos podrían realizarse allí. También amenazó con retirar a los jueces y notarios que realizaron matrimonios del mismo sexo, aunque la corte constitucional del país ha determinado en 2011 que parejas del mismo sexo podrían participar en «Unión solemne».

Finalmente Petro señala que el Presidente Santos se enfrenta ahora a una opción: «Puede apoyar a Ordóñez, que creo sería violar los principios democráticos y el derecho internacional y desafiando la voluntad de los votantes de Bogotá, o puede perseguir una resolución democrática a esta situación, que respeta el anhelo de nuestra nación de paz, democracia y derechos humanos».

«Respeto por el voto popular debe ser la base de la democracia», concluye Petro.