En diferentes regiones del mundo, los países abordan un desafío común: cómo concebir, convencer, desarrollar y lograr que los sistemas educativos realmente sean inclusivos y democraticen las oportunidades de educar y de aprender. El desafío se sitúa en dos puntos convergentes. Por un lado, se trata de superar una visión centralizada de los sistemas educativos, ya que estos son solo la sumatoria, a veces descoordinada, de niveles y ofertas educativas, y en cambio visualizarlos como facilitadores de oportunidades de aprendizajes, sustentados en diversidad de propuestas educativas complementarias.
Por otro lado, se intenta superar la forma tradicional de ver la educación inclusiva ya sea como accesibilidad a la educación, compensatoria de diferencias sociales y cognitivas, atención a grupos categorizados y a veces estigmatizados como con necesidades especiales, focalización en grupos definidos como vulnerables, pobres, marginales, minorías o diversidad de modelos de integración en escuelas comunes.
La inclusión en sus acepciones y significados tradicionales puede generar resultados totalmente contrarios a los perseguidos ya que, por ejemplo, la separación de la atención por los perfiles de los grupos puede transformarse en aislamiento y segregación o bien la integración en las escuelas puede ser física pero curricular y pedagógicamente ficticia. Frente a estas situaciones y a su toma de conciencia, los países empiezan a entender la inclusión como el reconocimiento explícito que todas y todos somos especiales, que siempre requerimos ser motivados y apoyados para lograr desarrollar el potencial de aprendizaje que abrigamos y que es una tarea que convoca transversalmente a los sistemas educativos y a los ministerios de educación en su conjunto. Inclusión es la búsqueda permanente, afanosa, compleja y delicada de comprender y responder efectivamente a la diversidad de expectativas, perfiles, condiciones y capacidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En efecto, se trata de la fascinante tarea de reflexionar sobre la cultura y renovar las mentalidades, políticas y prácticas de los sistemas educativos para que cada estudiante se preocupe por igual, tenga una calurosa acogida en los centros educativos y goce de una oportunidad real de aprender.
Bajo esta noción de educación inclusiva, compartida por la Oficina Internacional de Educación (OIE-UNESCO), gobierno y sociedad civil en Colombia, se ha iniciado, desde hace un par de años un proceso de diálogo, construcción y desarrollo en torno a un concepto de inclusión que sea receptivo a los múltiples desafíos de una sociedad acentuadamente desigual y esencialmente diversa. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las Fundaciones Empresarios por la Educación y Saldarriaga Concha mancomunaron sensibilidades, ideas, enfoques, iniciativas y estrategias para progresar en una agenda de educación inclusiva que armonice la reducción de las disparidades, como la base de equidad requerida para la legitimidad y la sustentabilidad de la sociedad, con la comprensión y valoración delas diversidades individuales, sociales, culturales, de género y étnicas, entre otras, como oportunidades para fortalecer y ensanchar los aprendizajes.
Históricamente, en un intento por combatir la exclusión, Colombia ha entendido la inclusión como una necesidad de atención a grupos categorizados como prioritarios y no ha identificado aún la diversidad como el motor de la inclusión. Ministerio y Fundaciones apoyados por la OIE-UNESCO, impulsaron y forjaron la idea que la agenda nacional de inclusión implica movilizar el currículo, los centros educativos y los docentes en torno a que cada persona necesita un traje a medida para aprender y que sin comprometer a los estudiantes como protagonistas de sus aprendizajes, nada es válido y sustentable en los procesos de enseñar y aprender. Se entiende que la inclusión tiene que formar parte del ADN del sistema educativo y del MEN, y que no puede ser reducida a una división o unidad, o a la sumatoria de enfoques e intervenciones separadas.
Una de las notas destacadas de la revisión y del afinamiento del concepto de educación inclusiva en Colombia radica en que se le considera un proceso respetuoso, progresivo, convocante y aglutinador de los diversos cuerpos y unidades ministeriales a efectos de generar, apropiarse y desarrollar una idea fuerza de la inclusión, con la posibilidad de marcar una diferencia positiva en el bienestar y en los logros de los estudiantes. El proceso, que ya lleva un par de años, intercala producción y difusión de conocimientos sobre tendencias y estrategias en educación inclusiva bajo una perspectiva comparada internacional; el desarrollo de capacidades institucionales a niveles nacional y regional para encarar el desarrollo de políticas y programas bajo una visión educativa unitaria y holística; y la convocatoria a multiplicidad de instituciones y de actores vinculados a diversos niveles educativos, a la sociedad civil, a las universidades y al mundo de la producción, para que sus voces y sus argumentaciones nutran la construcción colectiva en torno a la inclusión. El resultado de este proceso, en su primera fase, ha sido la construcción de un marco de política de educación inclusiva que se informa de una mirada mundial sobre los desafíos en torno a la inclusión, aterrizada en una agenda pertinente a los imaginarios y desafíos de una sociedad que busca ser menos desigual, más cohesiva y más decidida a construir con base en las diversidades.
Hoy el Ministerio de Educación cuenta con un documento base de lineamientos de política de educación inclusiva que, con base en unos primeros consensos, construidos con actores claves vinculados con los diferentes ámbitos de acción de la política (institucional, local, regional y nacional), propone un marco conceptual y contextual, esboza algunos retos prioritarios y rutas posibles, esboza una primera propuesta en relación con los desafíos que plantea la educación inclusiva a los sistemas de evaluación y propone una ruta para que el país avance en la construcción participativa de la política de educación inclusiva. Este es un proceso que involucra a todo el sistema educativo, desde la primera infancia hasta la educación superior, y, por ende, a la sociedad en su compleja diversidad. Se trata de avanzar hacia la garantía real del derecho a una educación de calidad en condiciones de equidad.
Un marco de política permite orientar, afinar, seguir y evaluar pero no hace el desarrollo concreto de la política en los centros educativos y en las aulas. Se requiere de una multiplicidad de procesos que se desencadenan a partir del marco de políticas, y que implican, entre otros aspectos relevantes, el desarrollo de una tríada que hace al espíritu y a la materia de la inclusión: currículos que personalicen la educación, centros educativos que acojan sin discriminación la diversidad de la sociedad y docentes que tomen las decisiones pertinentes para que ningún estudiante quede sin una oportunidad de aprender. Celebramos que Colombia asuma un sendero renovado en educación inclusiva a sabiendas que finalmente lo que hace la diferencia en los aprendizajes se proyecta en las aulas. Aprovechemos esta ventana de oportunidades, del marco de política, para seguir progresando en inclusión. Las grandes trasformaciones sociales se construyen sobre propósitos comunes, con visión de largo plazo y a la vez con avances medibles y sostenibles en el corto y mediano plazo, que sienten bases sólidas bajo un tejido social robusto. Lo mejor está por venir.
