La Unidad Nacional para la Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación demostró que Leonor Uribe Quintero fue la responsable de elaborar la doble contabilidad de la compañía y recaudar el dinero proveniente de varios departamentos desde Putumayo hasta Córdoba por lo que fue condenada a 92 meses de prisión.

Además de los 92 meses de prisión Uribe debe efectuar el pago de 1925 salarios mínimos legales vigentes. La mujer aceptó los cargos de lavado de activos en concurso con captación masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir.

De la misma manera, se estableció que el dinero invertido por los socios no se vinculaba al financiamiento comercial, sino que de inmediato salía de la empresa, cuya captación alcanzó los 4,5 billones de pesos. “No se soportaron claramente los libros contables y al ser requerida esa información por las autoridades, no tenían orden cronológico y aparecían con enmendaduras”, señaló la fiscal en su escrito de acusación.

El juez dijo a la sentenciada que faltó “a la confianza de los ciudadanos, inversionistas y socios al no convocar a las asambleas ordinarias y el incumplimiento de las órdenes de la junta directiva con la entrega oportuna de los balances”.

Para la Fiscalía, Uribe Quintero era la encargada de ocultar información a las autoridades y a la vez mediante promociones defraudar al público.

En la sentencia, el juez le negó la petición de la detención domiciliaria porque no se probó que a sus 61 años de edad Leonor Uribe Quintero sufra de problemas cardiacos, lumbares, artrosis o hipertensión, como fue argumentado en la audiencia.

Además, el juez instó a la Fiscalía para que se investigue el presunto injustificado incremento de su patrimonio con el fin de proceder, luego de ejecutoriada la sentencia, a adelantar las reclamaciones respectivas de sus víctimas.