–La decisión de la Procuraduría está totalmente blindada, es sólida, pero, como toda decisión judicial o administrativa, hasta que no se agoten los controles de legalidad, es susceptible de caerse, aseguró el jefe del Ministerio Público Alejandro Ordoñez Maldonado en torno al caso del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

Ordoñez Maldonado confirmó que impugnará los fallos de tutela proferidos a favor del mandatario Distrital y esperará la decisión del Consejo de Estado, que tendrá la última palabra en el asunto.

En declaraciones que concedió a la agencia Colprensa, Ordoñez Maldonado negó que esté ejerciendo presiones sobre los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca, y dijo que ningún juez de la república puede sentirse intimidasdo cuando se citan sentencias de la Corte Constitucional.

Además, refutó al tribunal administrativo de Cundinamarca que dijo que la Procuraduría no cuestionó la legalidad de un acto administrativo sino una política pública.

«Es una discusión de fondo –dijo –sobre la cual se tendrá que pronunciar en la revisión de fondo al acto administrativo de destitución del señor alcalde de Bogotá. La Procuraduría no cuestionó ninguna política pública, sino que analizó, evaluó, si se cumplieron o no algunos deberes funcionales. Y como encontró que no se habían cumplido esos deberes funcionales encontró configurada la falta disciplinaria».

¿Si usted hubiera previsto que este caso iba a generar tanta reacción mediática, su fallo hubiera variado?, se le preguntó:

«Jamás, porque hubiera prevaricado. Los funcionarios públicos debemos tener el suficiente carácter para actuar con equilibrio, con ponderación, con temperancia y con decisión. A veces se toman decisiones con la opinión pública, sin proponérselo. A veces se deben tomar decisiones sin la opinión pública, sin proponérselo. Y en otras se deben tomar decisiones contra la opinión pública, sin proponérselo. Un funcionario público que haga una encuesta antes de tomar decisiones, está prevaricando. Cada funcionario sabe que sus decisiones generan consecuencias de orden social, político, económico y debe estar dispuesto a asumirlas, a navegar en mares bravíos y ahí es donde se demuestra si uno es buen o mal marino. Si no, debe retirarse del mar y dedicarse a otra actividad: yo me iría a sembrar papa, o a sembrar cebada o a recoger hormigas culonas (risas)».

Igualmente se le cuestionó si todavía se sentia objeto del «matoneo mediático» y al efecto señaló que «un procurador o un funcionario público debe ser consciente de que su ejercicio está sujeto a controles, no solamente los legales y disciplinarios”.

También –agregó –a los controles sociales, de los medios que a veces son exagerados, que a veces
carecen de información, que a veces son lambonesporque a veces exageran en las loas. A mí me hacen gavilla, pero sabiendo que el cargo implica todos esos riesgos, pues uno debe estar dispuesto a soportar con carácter esos escenarios y esos episodios».

Ordoñez Maldonado reiteró la necesidad de hacer algunas reformas a la Procuraduría, pero dijo que este organismo, que advirtió que “Sería muy grave para la institucionalidad quitarle los dientes al Estado para combatir la corrupción».

¿Y qué hacer con las atribuciones de la Procuraduría frente a funcionarios elegidos por voto popular?

«La Carta, en su artículo 277 numeral 6, le confiere la facultad a la Procuraduría para no solo ser la máxima autoridad disciplinaria de los servidores públicos incluidos los de elección popular. En 2006 se demandaron ante la Corte Constitucional varios artículos del Código Único Disciplinario, por considerar que estaban desconociendo el Pacto de San José sobre derechos civiles y políticos y la Corte Constitucional declaró exequibles esas normas. ¿Usted se imagina a unos funcionarios públicos elegidos popularmente sin ningún control disciplinario? Por eso yo creo que esas decisiones que algunos hablan de organismos internacionales son cada vez más remotas, porque se está demostrando que aquí existe institucionalidad, que en nuestro derecho interno existen instrumentos de defensa jurídica».
Tambien se reafirmó en sus críticas en torno a las negociaciones que adelanta el gobierno del presidente Santos con las Farc.

“Lo cierto es que todos los colombianos queremos la paz, lo que he expresado son mis temores frente a la impunidad y que se respeten unos mínimos, sobre todo no sacrificando a las víctimas y sin sacrificar la justicia que es la base y el fundamento de la paz», precisó.

Finalmente dijo que no le molestaba la forma como la gente del común se ha expresado en su contra.

Por el contrario, subrayo, me permite ejercer la virtud cristiana de la paciencia. Esos son los riesgos que se corren cuando uno está en la función pública. Pero así como hay personas que han sido muy duras, también las hay que han sido bastante generosas conmigo».