–La juez 49 penal municipal de Bogotá con función de control de garantías ordenó la reclusión del Concejal Orlando Parada Diaz en la Cárcel de La Picota, tras cobijarlo con medida de aseguramiento en desarrollo del proceso por el llamado carrusel de la contratación.

La juez consideró que el concejal liberal es un peligro para la comunidad y que debido a su importante cargo podría entorpecer y obstaculizar el buen desarrollo de la investigación, tal como lo planteó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Al tomar la decisión en audiencia adelantada en los juzgados de Paloquemao, Parada Díaz no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía.

El fiscal del caso señaló que el concejal Parada Díaz podría ser presunto autor de los delitos como el de cohecho impropio en concurso con tráfico de influencias de servidor público.

Parada Díaz fue señalado de utilizar sus influencias para lograr del director de la Unidad de Mantenimiento Vial de la capital del país, beneficios que tenían relación con la selección de contratos para arreglos de la malla vial.

El fiscal dijo que los hechos se presentaron durante el año 2009 a partir del mes de mayo cuando se logró un contrato y por intermedio del asesor Manuel Sánchez Castro, Orlando Parada logró la destinación de dineros.

Se indicó que la investigación permitió establecer que en el mes de septiembre de 2010 deja al descubierto la existencia de dos facturas, mediante las cuales se hace la destinación de los dineros.

Según la Fiscalía Orlando Parada Díaz habría realizado acuerdo de voluntades para lograr beneficios de la selección de contratos para adelantar trabajos en la capital del país relacionados con el arreglo de la malla vial.

En su petición para la medida de aseguramiento el fiscal indicó que el concejal Orlando Parada representa un peligro para la comunidad, ya que se aprovechó de su elección popular para incurrir en delitos graves, e incumplió con sus propósitos de funcionario público.

Indicó que por el número de delitos imputados y la naturaleza de los mismos, era necesaria la medida de aseguramiento.

En la audiencia el delegado de la Procuraduría General de la Nación apoyó la petición de la Fiscalía, al considerar que si es una actuación grave, pues traicionó los principios de la recta administracion de los bienes de la ciudad.