
Las preguntas las formuló en una carta que le envió a través del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Alvarez-Icaza Longorio.
Los interrogantes son los siguientes:
«1. ¿Cuál es el estado actual de la decisión emitida por la Procuraduría General y si, efectivamente, dicha decisión estaría suspendida?
2. ¿Cuál sería el plazo que tendría el ejecutivo para ejecutar la decisión de la Procuraduría General, de existir una revocatoria del Consejo de Estado?
3. ¿Si la Procuraduría General habría apelado a las tutelas que fueron otorgadas en favor del señor Gustavo Petro?
4. ¿Cuál sería el plazo que tendría el Consejo de Estado para pronunciarse sobre las tutelas de referencia?
5. ¿Si el Consejo de Estado resolvería las tutelas de manera acumulada o si habría una decisión respecto de cada tutela?
6. ¿Si el señor Gustavo Petro habría impugnado la notificación por edictos, realizada por la Procuraduría General?
7. ¿Si una eventual revisión ante la Corte Constitucional tendría efectos suspensivos?».

