La Procuraduría General de la Nación expuso una serie de debilidades en la implementación de programa de vivienda para los damnificados de la ola invernal de los años 2010 y 2011.

Mediante un comunicado remitido a la gerente del Fondo de Adaptación, Carmen Arévalo Correa, el procurador delegado Carlos Augusto Mesa Díaz planteó la preocupación del Ministerio Público por las dificultades en la fase de verificación de la demanda del programa. De acuerdo a lo manifestado por los operadores, aproximadamente el 50% de la población identificada en el Registro Único de Damnificados (Reunidos) bajo la calidad de “vivienda destruida” quedaría sin atención -pese a que materialmente podrían cumplir con los requisitos para hacer parte del proyecto-, lo que corresponde a más de 50.000 familias.

En cuanto a la presentación de los planes de intervención, el Ministerio Público evidenció dificultades por los retrasos tanto en la elaboración de los análisis de amenaza y gestión del riesgo (requisito para la presentación de dichos planes), como en la estructuración de los proyectos; sobre esta situación los operadores expresaron que existen cronogramas de estructuración que se extenderían incluso al mes de diciembre de 2014. Esto implica necesariamente demoras en la fase de ejecución del programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para los damnificados de la ola invernal, de hecho la Procuraduría evidenció que existe programación de entrega de viviendas hasta el mes de marzo de 2015 y que incluso para algunos operadores aún no se han definido las fechas de entrega.

Además la Procuraduría tuvo conocimiento de la problemática que ha surgido con los propietarios de predios de mayor extensión, que por encontrarse en zona de alto riesgo no mitigable deben ser reubicados; ellos se han negado a recibir la ayuda estatal de reubicación porque obtienen su sustento de la actividad agrícola o pecuaria que desempeñan en sus predios.

Con el propósito de garantizar la mayor cobertura posible del programa, el procurador delegado puso en conocimiento de la gerencia del Fondo la propuesta planteada por una caja de compensación, relacionada con realizar la reubicación de la vivienda dentro del mismo lote, siempre que se ubique un área que no constituya zona de alto riesgo no mitigable.

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Fondo de Adaptación evaluar la posibilidad de diseñar una estrategia que permita garantizar los derechos de quienes eventualmente quedarían por fuera de la atención estatal, así como atender de manera eficaz a la población que cumple con los requisitos para ser atendida por el citado programa.