Como muy graves calificó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, las denuncias formuladas por la Revista Semana en su edición digital, a propósito de presuntas interceptaciones ilegales realizadas por personal del Ejército Nacional desde un restaurante fachada en un importante sector comercial de la capital del país.

Según la publicación, se trataría de una especie de “sala gris” operada por un oficial de inteligencia de esa arma y varios hackers reclutados en grandes ferias tecnológicas, la cual habría sido creada con el fin de acceder a las comunicaciones de integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de miembros del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con las FARC, entre otros ciudadanos.

El Defensor del Pueblo dijo que para tranquilidad del país y para evitar episodios como los que en el pasado reciente significaron las “chuzadas”, es indispensable que se investiguen a fondo estas denuncias y en caso de comprobarse, se apliquen las sanciones de rigor y se adopten medidas para poner punto final a estas prácticas que deslegitiman la institucionalidad.

En ese sentido, Otálora Gómez reconoció la decisión del Ministro Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ordenó al Comandante del Ejército realizar las averiguaciones correspondientes, pero insistió en la gravedad de las revelaciones y solicitó tanto al Gobierno Nacional como a las Fuerzas Militares aclarar los hechos, puesto que están de por medio el derecho a la intimidad de las personas mencionadas como víctimas, la seguridad de las mismas y el respeto a los integrantes del equipo negociador en los diálogos de La Habana.

“Es necesario saber si esto es cierto o no, y de ser así, establecer quiénes participaron, quiénes dieron las órdenes y quiénes eran los destinatarios de la información”, puntualizó el Defensor del Pueblo.