El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, considera que no se puede confundir el derecho a la opinión con afirmaciones que expongan a ciudadanos como las víctimas del conflicto. Tras conocerse la petición para que la Corte Suprema de Justicia investigue el caso de la representante María Fernanda Cabal, el funcionario solicitó al Alto Tribunal establecer una distinción clara en este sentido.

Fijar límites al uso de las redes sociales para proteger los derechos de los ciudadanos, sin afectar el derecho a la libertad de expresión y opinión inherente a dichos medios, propuso el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, a propósito de los trinos en contra de Ángela Giraldo por parte de la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal.

A juicio del funcionario, una cosa es emitir opiniones y otra muy diferente hacer afirmaciones que expongan a la otra persona, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección, como ocurre en el caso de las víctimas que integran las delegaciones que viajan a La Habana en representación de los más de 6 millones y medio de colombianos afectados por el conflicto.

Considera el Defensor del Pueblo que hay una gran diferencia entre emitir opiniones y relacionar a una persona con miembros de grupos al margen de la ley, como sucedió con el trino de la congresista, situación que podría significar un riesgo para las víctimas, quienes como lo ha dicho la Defensoría en otros escenarios y momentos, no pueden ser revictimizadas ni estigmatizadas, y por el contrario merecen un reconocimiento como luchadoras por la paz.

Otálora Gómez dijo que tras conocerse la decisión de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que investigue a la representante del Centro Democrático por sus aseveraciones respecto a Ángela Giraldo, solicitará al Alto Tribunal un pronunciamiento que determine parámetros de distinción entre el derecho a opinar y las afirmaciones que exponen a otros ciudadanos.

El Defensor del Pueblo reiteró el compromiso de su Institución para acompañar permanente e incondicionalmente a las víctimas del conflicto, e insistió en la responsabilidad histórica de los actores armados para contribuir con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, a fin de satisfacer los derechos de estas personas y de sus familias.