–Bajo el argumento de que «es imposible construir la paz bajo el fuego mortal de los cañones» y que «no se despejan los caminos de la reconciliación facturando más víctimas al conflicto», las Farc urgieron al gobierno nacional detener el escalonamiento de la confrontación armada y el aniquilamiento del grupo guerrillero.

«Es urgente desacelerar la confrontación, así como distender el discurso y los titulares de prensa promocionados por el Establecimiento durante más de 50 años. No se puede continuar justificando la violencia con el pretexto del aniquilamiento de la resistencia popular y guerrillera», precisó el integrante del llamado secretariado general de las Farc, Félix Antonio Muñoz Lascarro, más conocido con el alias de «Pastor Alape».

El cabecilla de las Farc considera como «otro de los desaciertos» del presidente Juan Manuel Santos «su empeño de escalonar la confrontación, pisoteando el DIH y agudizando las violaciones de los derechos humanos, a contracorriente de las esperanzas que se articulan en la mesa de conversaciones por la paz de Colombia».

Según alias Pastor Alape, de 68 años de edad y quien reemplazó a alias el Mono Jojoy en la jefatura militar de las Farc, «el país está clamando acciones concretas para que el tema de víctimas, que se aborda en la mesa de conversaciones en la Habana, avance con resultados efectivos de protección a la población civil».

Las precisiones las hizo en un escrito publicado en la página web del grupo guerrillero en el cual reseña «el viacrucis de Crucito», un corregimiento del municipio de Tierralta, Córdoba, en el cual está ubicado el embalse de la hidroeléctrica Urra Uno, sobre el río Sinú, y donde afirma los habitantes «han sido víctimas, por cuatro ocasiones, de las unidades militares de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo, bajo el pretexto de que los campesinos dan apoyo a las Farc en la región».

El más reciente ataque ejecutado por la fuerza pública –señala–, se presentó el pasado 10 de agosto contra campesinos que se oponían a la erradicación de cultivos de uso ilícito. Fueron agredidos desde tierra con fuego de fusilería, y desde el aire por las ametralladoras de un helicóptero, dejando el doloroso saldo de 3 campesinos heridos».

Frente a estos hechos, Alape precisa: «El gobierno tiene que detener la violencia sistemática contra la población civil y desechar la demagogia que en su retórica pretende ocultar la responsabilidad política de las fuerzas militares y de policía en los crímenes cometidos contra la población civil, contra líderes agraristas y populares, sindicalistas y defensores de derechos humanos en ejecución de la doctrina de seguridad que las gobierna».

Subraya que «las víctimas de Crucito y todo el territorio nacional exigen justicia, el viacrucis a que el Estado tiene sometidos a sus habitantes debe cesar. La existencia de los campesinos y la producción de alimentos en el alto Sinú están por encima de los intereses del megaproyecto energético que pretenden ampliar con la construcción de Urrá Dos».

Y concluye: «Si desde ya se empiezan a dar pasos serios en el ejercicio de la justicia, en todos los niveles de la sociedad, la paz dejará de ser el sueño de millones para volverse una realidad nacional».