–La Fiscalía anunció hoy una petición de medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, contra la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo y otros dos funcionarios de su administración dentro del proceso penal que se le adelanta por haber entregado o vendido al Hotel Dann 240 metros de playa en el sector turistico de El Laguito.
Concretamente, la fiscal segunda delegada ante el Tribunal de Bogotá, solicitó a un juez de control de garantías de la ciudad Heroica la convocatoria de la audiencia preliminar para tramitar la medida de aseguramiento contra la exmandataria Distrital y sus colaboradores.
La medida de aseguramiento cobija a la exsecretaria de Hacienda, Viviana Eljaieck, al exasesor Darío Torreglosa y a los particulares Rafael Ceballos, gerente del Hotel Dann, así como a Luis Edgar Restrepo.
Judith Pinedo, conocida popularmente como «Mariamulata», fue elegida alcaldesa de la capital de Bolívar, con el aval del Movimiento por una sola Cartagena, para el periodo 2008-2011.
Precisamente por la presunta venta de una porción de playa al Hotel Dann, en abril del 2013, la Procuraduría General de la Nación suspendió por 12 meses para acceder a cargos públicos a la ex alcaldesa Judith Pinedo.
Según la Procuraduría, con dicha acción Pinedo desconoció disposiciones legales en materia de bienes que son de uso público y cuya jurisdicción, por disposición legal, compete a la Dirección General Marítima (Dimar), por cuanto el Distrito de Cartagena vendió a la Promotora inmobiliaria propietaria del Hotel Dann un terreno que incluía playas marítimas, que constituyen un bien de uso público bajo la jurisdicción de la Dimar.
“De acuerdo a las pruebas recaudadas, la sancionada vendió un lote incluido en uno de mayor extensión cuya naturaleza era de uso público por tratarse de área playera”, señala el órgano de control.
Además el Ministerio público explicó que se logró establecer que la negociación se hizo en el marco de un programa de ordenamiento de baldíos desarrollado por la Alcaldía de Cartagena y dicha venta contó con el aval del concejo municipal.
Sin embargo, agrega el documento de suspensión, que sí la mandataria se hubiera asesorado con la Dimar, “ le habrían advertido que no se trataba de un bien baldío sino de un bien de uso público no susceptible de venta”.
La falta disciplinaria fue calificada como gravísima atribuida a título de culpa grave, “teniendo en cuenta que Pinedo Flórez no se asesoró antes de adelantar la negociación como correspondía, en el sentido de solicitar los conceptos previos a la Dimar e interactuar con las respectivas entidades regionales, locales, ambientales y marítimas”.
