Corte Constitucional, dictó una sentencia en 1998 declarando una serie de aspectos inconstitucionales sobre el tratamiento a la población carcelaria, expresó el presidente de la corporación Luis Ernesto Vargas.

Vargas afirma que el compromiso en la defensa de los DDHH de quienes están recluidos allí puede estar en riesgo debido a la “penalización de conductas” como la protesta social, situación que ha generando hacinamiento en las cárceles.

El magistrado Vargas dice que en las cárceles «hay seres en un estado infrahumano total que no debería darse en un Estado de derecho»

Por tal motivo la Corte estudia una nueva sentencia que beneficie a las personas recluidas, como muestra del compromiso con la defensa de sus Derechos.