–Como «un hecho de barbarie» que viola todo lo que tiene que ver con el Derecho Internacional Humanitario”, calificó el presidente Juan Manuel Santos la acción de la guerrilla de las Farc de sembrar minas alrededor de una escuela y un parque infantil en zona rural del municipio de Inzá, en el departamento del Cauca.

En igual sentido se pronunció la Defensoría del Pueblo, la cual le pidió al grupo terrorista excluir a la población civil de la confrontación y entender que negociar en medio de conflicto no significa desconocer el respeto por los derechos humanos.

Guerrilleros de las Far sembraron cuatro minas antipersonal en un parque infantil cercano a una escuela del corregimiento de San Andrés de Pisimbalá, jurisdicción del municipio de Inzá, en el departamento del Cauca.

Como lo informamos oportunamente aquí en la web www.radiosantafe.com, guerrilleros de las Far sembraron cuatro minas antipersonal en un parque infantil cercano a una escuela del corregimiento de San Andrés de Pisimbalá, jurisdicción del municipio de Inzá, en el departamento del Cauca.

El alcalde de la localidad, Mauricio Castillo, indicó que gracias a la semana de receso escolar no se produjo una tragedia, pues los habituales niños usuarios del parque y de la escuela se quedaron en sus casas.

Hasta ahora, los expertos antiexplosivos del Ejército y la Policía no han podido ingresar a la zona para desactivar las minas, debido a la fuerte presencia guerrillera en la región.

«La colocación de minas antipersonal cerca a escuela e iglesia en Inzá, viola el Dcho. Internacional Humanitario y merece la condena de todos», escribió en su cuenta en Twitter el presidente Juan Manuel Santos.

Luego, al terminar un consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el presidente Santos declaró:

“Ese es un hecho de barbarie que condenamos y que viola todo lo que tiene que ver con el Derecho Internacional Humanitario”.

“Quiero condenar una vez más, de la manera más enérgica y determinante, el hecho que se descubrió esta mañana en Inzá, en el Cauca, que viola todo lo que establece el Derecho Internacional Humanitario: la colocación de unas minas a cinco metros de un colegio y a 10 metros de una iglesia”, puntualizó.

“Nada justifica la colocación de minas de explosivos a cinco metros de un colegio o a 10 metros de una iglesia”, agrego el Jefe de Estado.

“Ese es un hecho de barbarie que condenamos y que, repito, viola todo lo que tiene que ver con el Derecho Internacional Humanitario”, puntualizó el presidente Santos.

A su turno, tras condenar la acción de las Farc, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que excluyan a la población civil de la confrontación y entiendan que negociar en medio de conflicto no significa desconocer el respeto por los derechos humanos.

Para la Defensoría del Pueblo estos hechos, atribuidos al sexto frente de las Farc, constituyen una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, puesto que es obligación de los actores armados excluir aquellos lugares protegidos por la legislación internacional y el DIH, como los colegios y escuelas, máxime cuando son ocupados por niños, niñas y adolescentes.

Recordó que desde el 9 de Febrero de este año, mediante un informe de riesgo elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el cual fue remitido al Gobernador del Cauca, con posteriores solicitudes puntuales a los Ministerios de Interior y Defensa, al Director de la Policía y a la Unidad de Víctimas, la Defensoría había advertido sobre las preocupantes condiciones de vulnerabilidad para 2.250 habitantes de Inzá por el asedio de la guerrilla.

El 26 de Marzo, el defensor Jorge Armando Otálora Gómez llamó la atención sobre los hostigamientos que ese día se presentaron en inmediaciones del casco urbano, e insistió en considerar el traslado de la estación de Policía, ubicada a pocos metros de otras dos instituciones en las que reciben clases al menos 550 alumnos de primaria y básica secundaria.

El 7 de Diciembre del año pasado, el municipio fue objeto de un atentado con cilindros bomba, lanzados desde una camioneta, los cuales provocaron la muerte de dos civiles, seis integrantes de la Fuerza Pública, 68 heridos y la destrucción del que hasta entonces era el comando municipal de la Policía.