–Las Farc demandaron la integración de una “comisión especial de estudio de la situación de los prisioneros políticos”, estos es, los guerrilleros presos, para darles un tratamiento de víctimas de acuerdo con la normativa internacional, teniendo en cuenta las particularidades del conflicto colombiano, que afirman, «incluye la existencia de una juridicidad guerrillera».

Las exigencias están contenidas en un nuevo documento que presentaron a la mesa de conversaciones de La Habana los negociadores de las Far, en el cual insisten tambnién en la realización de un censo nacional de víctimas, punto sobre el cual informamos la víspera aquí en la web www.radiosantafe.com.

Ahora, sus demandas se centran en el «reconocimiento de prisioneros políticos como víctimas del conflicto» a los guerrilleros encarcelados.

En el escrito presentan el desarrollo de «las propuestas mínimas» sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, sobre las iniciativas contenidas en los numerales 6 al 10 correspondientes al punto 2 sobre “reconocimiento de víctimas del conflicto”.

Según las Farc, la “comisión especial de estudio de la situación de los prisioneros políticos”, deberá ser integrada por un representante de organizaciones defensoras de presos políticos, un representante de los presos políticos, un representante de la Fiscalía y un representante del Ministerio de Justicia.

Esta comisión deberá, en un término no superior a sesenta días, identificar las víctimas del sistema estatal de administración de justicia que por razones políticas hayan sido objeto de montajes judiciales; presentará además un informe sobre la situación de derechos humanos de los prisioneros de las Farc y demás fuerzas guerrilleras.

Advierten que las víctimas de los “falsos positivos judiciales” y «los prisioneros políticos cuyos derechos humanos hayan sido violados serán considerados víctimas del conflicto» y que se debe darle «tratamiento a los combatientes víctimas de acuerdo con normas internacionales».

Para la consideración de los casos de combatientes víctimas de las Fuerzas Militares y de Policía y de las Farc–señalan– las partes se ceñirán a lo establecido en las Convenciones I, II y III de Ginebra y el Protocolo Adicional II, atendiendo el principio de distinción aplicable a conflictos armados no internacionales. Por tanto –subraran–, son víctimas únicamente en la medida que hayan padecido comprobadas infracciones al DIH aplicable a los combatientes, por lo que su tratamiento no puede ser equivalente al dispensado a las víctimas provocadas entre la población civil no combatiente. En este punto se tendrán en cuenta igualmente las normas de la juridicidad guerrillera.

De otro lado, plantean un reconocimiento especial a las mujeres víctimas del conflicto «por el hecho de representar el principal sector de la población que ha padecido los rigores de la guerra y los impactos de las estructuras de victimización conformadas por las clases dominantes, como por las situaciones históricas de discriminación y violencia propias del régimen patriarcal, que vulnera sus derechos, ejerce violencia sexual y afecta sus derechos sexuales y reproductivos».

Además, indican que «en atención a una perspectiva de género, se considerará de igual manera la especificidad de las víctimas de la comunidad LGTBI».

También demandan un reconocimiento «de las víctimas del modelo económico y de la política económica» y plantean que «se reconocerá por parte del Estado que el modelo económico y la política económica han sido factores históricos del origen y la persistencia de procesos de victimización política, económica, social, cultural y ambiental, cuyas principales expresiones se encuentran en la desigualdad socioeconómica, el hambre, la miseria y la pobreza, así como en la vulneración de los derechos humanos integrales. A estas víctimas se les reconocerá como “víctimas del desarrollo”.

Agregan que «se considerarán de manera especial las víctimas generadas por el modelo de extracción minero-energética y de producción de agrocombustibles. Así mismo, las víctimas de los sistemas de financiación especulativa de la vivienda».

«El reconocimiento de las víctimas del conflicto en los términos aquí establecidos constituirá la base para el reconocimiento y materialización real y efectiva de sus derechos, incluida su condición de sujetos políticos individuales y colectivos», concluye el escrito de las Farc.