En un recorrido que incluyó, entre otras, a la URI de la Granja en Engativá y la Estación de Policía de Chapinero, funcionarios de la Defensoría del Pueblo constataron que el sobrecupo alcanza la cifra de 186 detenidos, 77 de los cuales gozan del beneficio de detención domiciliaria pero no ha sido tramitado por el paro que adelanta la guardia del Inpec.

Tras observar que de los 300 cupos habilitados en los Centros de Detención Transitoria la ocupación es de 516, la Defensoría del Pueblo encontró situaciones muy preocupantes como sucede en la URI de Tunjuelito, donde permanecían detenidos un hombre con problemas psiquiátricos que ha intentado suicidarse en varias ocasiones, una mujer con cuatro meses de embarazo, y dos personas más que requieren terapias urgentes por lesiones en sus extremidades, sin que ninguna de ellas haya recibido atención médica oportuna.

La Defensoría del Pueblo interpuso una acción constitucional de tutela para amparar los derechos de la población recluida y solicitó a la Secretaria Distrital de Salud adelantar visitas médicas integrales e inmediatas para garantizar la atención en salud de los detenidos.