La Defensoría del Pueblo constató que además de los atentados protagonizados por la guerrilla, hay múltiples perforaciones artesanales en los oleoductos, generando contaminación para los afluentes y la vegetación en ese municipio del Pacífico nariñense.

Preocupantes síntomas de agravamiento en el panorama de derechos humanos para el municipio de Tumaco, escenario de por lo menos seis acciones violentas en los últimos días, evidenció la Defensoría del Pueblo a través de una inspección realizada por la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente.

Durante un recorrido por las riberas de los ríos Mira, Rosario y Caunapí, la Institución encontró que además de los ataques con explosivos ocurridos entre el 4 y el 6 de noviembre en el casco urbano de la población y en la vereda Guayacana por donde pasa el oleoducto Trasandino, manos inescrupulosas practican frecuentes perforaciones en la tubería, ocasionando un grave impacto sobre el ecosistema.

Las observaciones del equipo defensorial constataron la presencia de crudo en las fuentes hídricas y la vegetación, justo en zonas donde hay varias viviendas, y en algunos casos instituciones educativas. De hecho, una aproximación previa elaborada por la Gobernación de Nariño y la Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres, estimó una afectación para 2.700 familias de los sectores circundantes como consecuencia de este fenómeno.

Cabe señalar como antecedente, que de acuerdo con un estudio hecho por el Instituto Nacional de Salud, para el año 2013 se encontraron 56 puntos con alto riesgo para el consumo de agua, 12 sanitariamente inviables y 4 con nivel de riesgo medio.

La comisión de la Defensoría del Pueblo pudo constatar cómo las extracciones ilegales artesanales de crudo se realizan mediante la instalación de llaves improvisadas con brocas de tungsteno, desde las cuales salen mangueras que conducen el combustible hurtado hacia sitios donde se lleva a cabo un proceso básico de refinación, a través de la unión de 14 o 15 canecas de 55 galones, donde calientan el crudo. Allí, las sustancias volátiles se evaporan y los residuos más pesados son depositados en piscinas abiertas sin ningún tipo de manejo.

Según la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), de cada 10 derrames de petróleo, nueve obedecen a las llaves artesanales y uno a los atentados de los grupos armados ilegales, cuya presencia y accionar han sido advertidos por la Defensoría a través de dos pronunciamientos del Sistema de Alertas Tempranas, el último de ellos fechado el 7 de abril de 2014 y en el que se enfatiza sobre el recrudecimiento de hechos como los ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura tanto energética como petrolera, al igual que sobre la siembra indiscriminada de minas antipersona, que a Junio de este año ya había ocasionado 10 accidentes. En dichos informes, la Defensoría del Pueblo ha señalado el riesgo que para la población civil implica la injerencia de las FARC, a través del frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana, así como del grupo post desmovilizado de Los Rastrojos, ahora en menor proporción debido a los golpes de las autoridades y al predominio de la guerrilla.