–Según el coordinador del Sistema de Naciones Unidad en Colombia, Fabrizio Hoshchild, la justicia indígena violó el debido proceso a los guerrilleros que condenó por el asesinato de dos guardias de la misma comunidad en el departamento del Cauca.

Aunque Hoshchild se declaró respetuoso de la jurisdicción indígena, señaló que a los condenados, uno de ellos a 60 años de cárcel y a otros 4 a 40 años, se les negó el derecho a la defensa y la segunda instancia, esto es, el derecho a apelar la setencia inicial.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia advirtió que cualquier jurisdicción, incluyendo las etnias indígenas, debe respetar los derechos humanos, así se trate de guerrilleros acusados de asesinar a miembros de su misma comunidad, como es el caso de los 7 guerrilleros enjuiciados el pasado fin de semana, incluyendo los dos menores que fueron castigados con 20 latigazos cada uno.

“Aunque entendemos la ira de los indígenas y el deseo de que estos crímenes no queden en la impunidad como tantos otros, sí nos preocupamos por el debido proceso”, señaló Hochschild.

Explico que el debido proceso implica el derecho a la defensa, que la investigación corresponde hacerla a una entidad independiente y que hay una segunda instancia, en la cual se permite la apelación, la cual fue negada de plano por la justicia indígena.

FISCALÍA COLOMBIANA

Mientras tanto, la Fiscalía colombiana le dio valides al proceso judicial que adelanto la comunidad indígena del Cauca contra los responsables del crimen de dos de sus guardias.

Según el vicefiscal general Jorge Perdomo se cumplieron los tres requisitos primordiales, así: primero, que el hecho se cometiera en un territorio indígena; segundo, que alguna de las personas pertenezca a la comunidad o que los hechos tengan que ver con la cultura o costumbres indígenas.

«En este caso –señaló–como se cumplieron los requisitos se respeta la jurisdicción indígena y como la persona sobre la que versó el presunto delito hace parte de esta comunidad y como hasta ese momento no tenemos información diferente que permita dudar de sus procedimientos o que sus factores de competencia no fueron tenidos en cuenta, decimos que reconocemos ese tipo de decisiones de la justicia indígena».

Además advirtió que la justicia ordinaria no opera en este caso y que la fiscalía solo entraría a actuar si tiene información que permita inferir que aquí no se respetaron los principios o no era legítimo algún factor de competencia tenido en cuenta por la jurisdicción ordinaria.