–El Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre y el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez plantearon un cese del fuego y la ubicación de una zona de concentración para los guerrilleros de las Farc «bajo la protección de la fuerza pública».

Las iniciativas surgieron en un encuentro que sostuvieron los dos personajes y en desarrollo del cual formularon otras propuestas en torno a la solución del conflicto armado colombiano.

Según Uribe, se requiere un cese unilateral de la actividad criminal por parte de las Farc, con la posibilidad de que aquellos integrantes que se encuentren en Colombia sean ubicados en un sitio bajo la protección de las Fuerzas Institucionales.

«El señor Fiscal General expresó su acuerdo, en principio, con esta última alternativa», precisó el exmandatario y senador de Centro Democrático

Al efecto, el Fiscal Montealegre precisó: «Hay un punto muy importante de coincidencia con el presidente Uribe y el Centro Democrático en el sentido solicitar un cese unilateral con la condición de que estas personas pueden estar en un sitio en determinadas zonas del país bajo la protección de la fuerza pública».

Tras la reunión, el expresidente Uribe entregó la siguiente declaración:

Aproximaciones:

El Centro Democrático apoya propuestas del señor Fiscal General como la doble instancia judicial para los casos en los cuales no existe. También apoya el Tribunal de Garantías que se entiende como un paso intermedio entre la acusación al imputado y la iniciación del juicio. En ambos proyectos pedimos para los integrantes de las Fuerzas Armadas que haya retroactividad en la doble instancia e intervención retroactiva y obligatoria del Tribunal de Garantías.

Discrepancias expresadas por el Centro Democrático:

La ausencia de cárcel y la elegibilidad política a los cabecillas terroristas estimula el crecimiento de la violencia, niega a los colombianos la paz real y permite que los agresores de la democracia sean los representantes políticos de la sociedad con todo el riesgo que ello implica para las libertades.

La ampliación del delito político a crímenes atroces como el narcotráfico y el secuestro permite la impunidad y el triunfo de los opresores de la comunidad en contra de los oprimidos o víctimas de esos delitos.

Considerar al secuestro como retención es premiar al secuestrador y desconocer la magnitud del dolor de víctimas de este execrable delito. Se recuerda que entre 1998 y 2003 la terrorista Farc fue responsable de 14.674 secuestros. Durante los dos años de diálogo ha acumulado 59 secuestros de civiles.

También expresamos al señor Fiscal General nuestra preocupación por un cese bilateral con el grupo terrorista Farc. Ello implicaría suspender la acción de la Fuerza Pública en procura de la seguridad de los ciudadanos y en consecuencia se tipificaría un “estado de cosa inconstitucional”. Reiteramos la necesidad del cese unilateral de actividad criminal por parte de la Farc, con la posibilidad de que aquellos integrantes que se encuentren en Colombia sean ubicados en un sitio bajo la protección de las Fuerzas Institucionales. El señor Fiscal General expresó su acuerdo, en principio, con esta última alternativa.

Agradecemos al señor Fiscal General, doctor Eduardo Montealegre, el espacio de diálogo que nos ha permitido.