Según Camilo Burbano director nacional del Sistema Penal Acusatorio y de Articulación en Materia Penal, un total de 19.112 audiencias han sido suspendidas en el país como consecuencia del paro judicial promovido por Asonal Judicial el cual cumple más de 45 días.
«Estas audiencias están relacionadas con temas de juicios de responsabilidad penal, imputaciones, medidas de aseguramiento, solicitudes probatorias, entre otras», señaló Burbano.
El funcionario indicó que «Son muchas las investigaciones las que se quedan a medio camino, procesos que van perderse por cuestión de términos y fechas de vencimiento. Libertades, solicitudes, medidas y órdenes judiciales las que se pierden mientras no se solucione este paro».
El comunicado reseña que Bogotá es el lugar donde más audiencias se han dejado de hacer con 11.699, luego le siguen los departamentos de Santander, con 2.017; Bolívar, 1.624; Cesar, 1.048; Nariño, 671, Boyacá, 520; Meta, 472; Caquetá, 404; Sucre, 170; Cundinamarca, 135; Putumayo, 123; Córdoba, 66; Casanare, 58, y Guaviare con 15.
Burbano dijo que casos de connotación como carrusel de contratos, Interbolsa, Dian o DNE son apenas una pequeña muestra de los miles de procesos que están en riesgo.
Hace unos días la Fiscalía informó que aquellos funcionarios que persistan en el cese de actividades podrán verse expuestos a los descuentos salariales por inasistencia al lugar de trabajo y además, no podrán beneficiarse con el tiempo de descanso en la época navideña y de Año Nuevo.
A juicio de la entidad, las acciones adelantadas en diferentes lugares del país por el sindicato no pueden por ningún motivo afectar la continuidad de la adecuada prestación de los servicios que tiene a cargo la administración de justicia.
En un comunicado La Fiscalía General de la Nación rechazó el cese de actividades convocado por un sector de “Asonal Judicial” que completa más de 35 días y que ha dificultado la continuidad de la administración de justicia a lo largo del país.
Cabe recordar que el órgano investigador informó a través de una circular “cancelar los eventos de integración previstos para este fin de año, en todo el territorio nacional”.
En la misma circular se dispone que como servidores públicos “tenemos el compromiso ineludible de prestar un servicio eficiente y permanente a nuestra sociedad, lo cual implica que nuestra gestión debe estar encomedada por la Constitución Política y la ley”.
De esta manera, los recursos que podrían usarse en estas actividades suspendidas en el país, serán empleados en el mejoramiento de la infraestructura de la entidad.
