–Acompañados por una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo fueron trasladados a Bogotá, para ser recluidos en un centro de resocialización, los dos menores que fueron condenados por la justicia de la comunidad Nasa por formar parte de la cuadrilla de las Farc que asesinó a dos integrantes de la guardia indígena, en hechos ocurridos el pasado 5 de noviembre en el municipio de Toribio.

Como se recuerda, junto con otros 5 adultos de la misma comunidad, los adolescentes, de 14 y 17 años, fueron juzgados por la Asamblea del resguardo San Francisco, y condenados a recibir 20 latigazos–castigo que se hizo efectivo ese día.

Además, la asamblea determinó que los adolescentes fueran internados en un centro de resocialización.

Para cumplir esta última decisión, se dispuso su traslado a la capital de la república y de común acuerdo con las autoridades indígenas, la Defensoría del Pueblo en conjunto con las Naciones Unidas, acudió a Toribío para recibir a los adolescentes y hacer efectiva su remisión a un centro especial en Bogotá.

Los dos menores de edad integraban la cuadrilla del sexto frente de las Farc que el 5 de noviembre pasado dio muerte a balazos a los dos miembros de la guardia indígena Nasa, por el hecho de haber desmontado una valla instalada por el grupo guerrillero con motivo del tercer aniversario de la muerte del cabecilla Alfonso Cano.

Los hechos se registraron en la vereda «El Sesteadero» y las víctimas mortales fueron los guardias indigenas Manuel Antonio Tumiñá y Daniel Coicué.

Los mismos integrantes de la comunidad indígena capturaron a los siete miembros del reducto guerrillero–5 adultos y 2 menores de edad–, para después someterlos a un juicio en asamblea popular reunida en el resguardo San Francisco.

En veredicto «a mano alzada», los integrantes de la asamblea condenaron a los cinco adultos guerrilleros, así: 60 años de cárcel para Carlos Iván Silva Yatacué, alias “Fercho” y 40 años para Arsenio Vitonás, Robert Pequí, Eduardo Tenorio y John Dagua Ascué. Estos fueron entregados al INPEC, el cual los recluyó en la cárcel San Isidro de Popayán, la capital del departamento.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo confió en el pronto retorno de los niños desaparecidos en Caldono y Almaguer, quienes, según versiones en proceso de verificación, habrían sido secuestrados y/o reclutados por grupos armados ilegales entre el jueves de la semana pasada y el martes 25 de noviembre.

La Defensoría reiteró su rechazo a la victimización de niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto, e insistió en su clamor para que se excluya a la población civil de la confrontación y se protejan a toda costa los derechos de la infancia.