El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, agradeció al Congreso de la República la aprobación de la prórroga de la Ley 418 que permite adelantar una política de diálogo «para lograr una salida negociada del conflicto armado, no solo con las Farc sino con todos los grupos armados, y fortalece los mecanismos para la seguridad ciudadana», aseguró el jefe de la cartera política.

Así mismo, destacó el consenso con todos los partidos de la Unidad Nacional y de oposición que «demuestra que si se pueden generar acuerdos y participación de todas las bancadas más allá de las diferencias políticas».

Dentro de lo aprobado también se establece que las personas que participen en diálogos o acuerdos de paz por parte del Gobierno con grupos armados ilegales, no incurrirán en sanción penal ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos y en caso de haberse adelantado una investigación en su contra podrán pedir la preclusión del proceso.

Esta también es una herramienta para financiar estaciones de Policía, cámaras de seguridad, Centros de Convivencia, obras que de carecer este marco jurídico desaparecerían del ordenamiento legal vigente.

La vigencia de esta ley, desde hace 16 años, también ha permitido la creación de los instrumentos necesarios para avanzar en la búsqueda de la convivencia ciudadana, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, en especial en los programas de protección en derechos humanos, atención a las víctimas del terrorismo, creación de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON del Ministerio del Interior.

Otros programas que se derivan de la Ley son el programa de protección a testigos de la Fiscalía y el programa de protección a civiles amenazados, como marco general para la creación de la Unidad Nacional de Protección.

Así mismo, regula la competencia y aplicación a nivel territorial del Sistema de Alertas Tempranas desde el Ministerio del Interior para prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.