Una carta de protesta fue firmada este viernes estudiantes y académicos de la Universidad de Harvard, previo a un conversatorio sobre el proceso de paz que adelanta este viernes el Procurador Alejandro Ordóñez en el claustro estadounidense.

En la misiva dirigida a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, un grupo de personas pertenecientes a la universidad, señalaron que «desafortunadamente el señor Ordóñez en sus textos, declaraciones públicas y acciones como funcionario público se ha caracterizado por su dogmatismo”

“El procurador se ha esmerado por descarrilar el proceso de paz y darle una plataforma en la Escuela de Derecho de Harvard está amplificando su campaña contra ese proceso”, agrega la carta.

Según la carta, el procurador tiene un historial de polémicas en el país debido a sus posiciones en temas como las comunidades LGBT, el aborto y el proceso de paz.

En su intervención, el jefe del Ministerio Público presentó la postura institucional de la Procuraduría General de la Nación frente al proceso de paz que adelantan el Gobierno Nacional y el grupo terrorista FARC en La Habana (Cuba), resaltando que los eventuales acuerdos que se alcancen deben respetar los límites trazados por la justicia internacional y las decisiones constitucionales del ordenamiento colombiano.

«La mesa de La Habana no es soberana, no puede desconocer tratados internacionales ni decisiones de la Corte Constitucional. Una paz con la impunidad que pretenden las FARC es una paz mal hecha», aseguró.
El procurador colombiano planteó los mínimos que deben cumplirse para que un futuro acuerdo de paz sea sostenible y garantice a la ciudadanía la no repetición de actos criminales.

«El primer mínimo es que la paz debe implicar la disolución del aparato criminal, la entrega de armas y la desmovilización. El segundo mínimo es que las FARC acepten su condición de victimarias. El tercer mínimo es que se reconozcan los derechos de las víctimas. Esto no es un capricho del procurador».

El jefe del órgano de control también abordó la necesidad de una real aplicación de la justicia transicional, incluyendo penas privativas de la libertad para los máximos responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios. En ese apartado, propuso alternativas que garanticen los derechos de las víctimas.