La directora de la Corporación Jueces y Magistrados, María del Pilar Arango, anunció que interpondrá una demanda contra el Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad de Pamplona, por haber realizado los exámenes para Magistrados y Jueces de la República, a pesar de existir una acción de Tutela que ordenaba suspender la mencionada prueba.

A pesar de una acción de tutela, fallada por el Tribunal de Arauca, y ordenaba suspender los exámenes, el Concejo Superior de la Judicatura convocó el pasado domingo a los funcionarios de la rama judicial que aspiran a ocupar la silla de jueces y magistrados.

Al concurso se inscribieron 27.565 personas, de las cuales asistieron el 79 por ciento de los convocados, el otro 20 por ciento afirmó que no presentaría la prueba debido a las graves denuncias sobre venta de respuestas y además por el mencionado recurso que prohibía la realización de las mismas.

Y es que las irregularidades fueron denunciadas en días pasados por el juzgado de circuito de Samaniego, Nariño, tribunal que advierte sobre la existencia de un posible fraude por la presunta filtración del contenido del concurso.

«Desde hace algún tiempo en el municipio de Samaniego, Nariño, se escuchaban rumores de la venta de contenido de los exámenes para aspirar a los cargos de empleados y funcionarios de la Rama Judicial, afirmándose además que la persona a contactar es el señor Jorge Eudoro Bastidas», señala la denuncia del juzgado.

La denuncia agrega que Jorge Eudoro Bastidas estaría cobrando «Ocho millones de pesos y para tener acceso a este examen», y además detalla que era necesario haber entregado un pago anticvipado por un millón de pesos, «Una vez realizado este anticipo se les informaría el lugar en el cual se reunirían para el estudio de su contenido».

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura dijo que esa corporación no recibió la notificación del juzgado de circuito de Samaniego, por lo que no había razón para suspender el examen.

El presidente de la Judicatura, Ovidio Claros, dijo que ya solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación para esclarecer la supuesta venta de las respuestas de los exámenes.

Según lo anunció Claros, “Le envié denuncia a la Fiscalía para que ellos asuman la investigación y estén pendientes, ellos tiene un cuerpo técnico y harán lo que esté dentro de su competencia, además vigilarán para que haya transparencia en este concurso”.
“Hoy la responsabilidad del Consejo Superior en este caso no existe, recae en la Universidad y la firma que imprimió el examen, que deben garantizar transparencia en el examen. Ya le envié a la Fiscalía General de la Nación para que investigue”, agregó.

Afirmó que ambas firmas fueron contratadas por 1500 millones de pesos para la realización de este con curso nacional.

Un oficio firmado por 4 jueces promiscuos y otros 2 funcionarios indica que los resultados de estos exámenes se están vendiendo por 8 millones de pesos.

La directora de la Corporación Jueces y Magistrados, María del Pilar Arango, señaló que “la práctica de esa prueba de conocimientos es ilegal, por eso aunque acudimos a la cita para notificarnos, algunos no presentamos el examen”

Arango anunció que en el trascurso de esta semana interpondrá una demanda contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad de Pamplona (que hizo el cuestionario) por haber realizado la prueba.

Entre tanto, en Bogotá alrededor de 40 funcionarios que querían presentar el polémico examen no pudieron hacerlo porque los convocaron a direcciones que no correspondían.