Asonal desestimó los anuncios hechos por el Gobierno, de utilizar agentes de la Fuerza Pública para garantizar el acceso a los despachos y edificios judiciales de los funcionarios de la rama que desean trabajar. La entidad enfatizó en que el cese de actividades que completa más de tres meses, continuará hasta que no se fijen reformas salariales.

Asonal aseguró este lunes que seguirá en paro pese a las advertencias del Gobierno Nacional, de irrumpir los juzgados para que funcionarios judiciales que deseen ingresar y dar continuidad a sus labores, puedan hacerlos sin sufrir agresiones por parte de los manifestantes.

El presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado manifestó que el cese de actividades, que lleva tres meses, se mantendrá hasta que se cumplan sus demandas laborales, que básicamente radican en incrementos salariales.
“Lo ideal sería es que en vez de tanto matoneo del Gobierno se busque un garante o un tercero para que resuelva un conflicto entre dos partes”, precisó

“En Bogotá calculamos que el 80% sigue en cese de actividades, y a esto se le suman varios servidores Boyacá, Santander, Bolívar, Caquetá, Meta y Casanare”, dijo Machado rechazando las cifras presentadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que reveló que solamente un 20 por ciento de los empleados y funcionarios judiciales están en paro.

“El Gobierno dice que nosotros bloqueamos las entradas, ¿pero quién va a atender si la mayoría quieren seguir en el cese de actividades. La protesta no es un delito”, precisó el líder sindical.

Machado dijo que sin embargo se adelantarán una serie de asambleas con las bases de todo el país para determinar que acciones se van a tomar al finalizar la vacancia judicial. Ante esto solicitó la presencia de un tercero como garante de los resultados de las votaciones “para evitar desinformaciones”.

El viernes anterior, al término de una reunión entre el Gobierno, la Fiscalía y la Judicatura, el ente acusador anunció que abrirá investigaciones penales contra los funcionarios que se encuentran en paro judicial por presunto abuso del derecho a la protesta.

El fiscal General, Eduardo Montealegre, dijo en un enfático pronunciamiento que en Colombia, los derechos laborales, como el derecho a la protesta, tienen límites, que derivan en la violación de otros derechos como el acceso a la justicia, “Si se persiste en las actividades de un cierre ilimitado e indefinido de las sedes de los despachos, cerrando estos despachos en contra de la voluntad de quienes quieren prestar el servicio, negando la posibilidad de acceso, la Fiscalía iniciará proceso penales por constreñimiento indebido y abuso de autoridad que consiste en impedir el acceso a la ciudadanía a la prestación de justicia y el ingreso de los funcionarios de la rama que quieren reintegrarse a sus labores”, señaló.