El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de nulidad que presentó el excontratista y exfuncionario del IDU, Emilio Tapia, contra la imputación de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lavado de activos en el proceso que se le adelanta por carrusel de la contratación.

La magistrada María Idalí Molina Guerrero negó la solicitud a Emilio Tapia, por considerar que en el recurso que interpuso no se presentó ninguna prueba “que demuestre la veracidad de sus afirmaciones, quedando llanamente en el campo de la especulación”.

“Emilio Tapia, presuntamente desarrolló actividades tendientes invertir, administrar, ocultar y dar apariencia de legalidad a los dineros producto de la comisión de delitos contra la administración pública, en que incurrieron Samuel e Iván Moreno Rojas y el propio Tapia, consistentes en la intermediación de éste para recaudar a nombre de Samuel Moreno una comisión del 8% que se cobraba a las empresas de los hermanos Nule, para garantizar la adjudicación de contratos por parte del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU”, señaló la magistrada.

Para Molina, no se vulnera el debido proceso por no poner en “conocimiento del investigado todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañan la conducta criminal al momento de formularle imputación. Las mismas pueden y deben concretarse en la formulación de acusación”.

Además, el Tribunal Superior en su determinación aclara que no existe prueba alguna de la negociación de Tapia con la Fiscalía. “Hasta este momento no se ha demostrado que cuando se firmaron el principio de oportunidad y el preacuerdo aludidos, la Fiscalía ya tuviera proyectado imputarle cargos a Tapia Aldana por el delito de lavado de activos, o que contara con la evidencia física, elementos probatorios, por lo cual los hechos por los que es imputado Tapia Aldana son nuevos”.

El escándalo del Carrusel de la contratación, estalló el 25 de junio del 2010, cuando salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, ex congresista de la República, al empresario Miguel Nule Velilla, que cuya empresa que llevaba su apellido manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en la capital colombiana.

La principal obra que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio, la cual ha presentado más de dos años de retraso.

En el tiempo inmediatamente posterior, distintas instituciones jurisdiccionales iniciaron investigaciones que se acrecentaron a tal punto que varios políticos, empresarios, dirigentes del Instituto de Desarrollo Urbano y hasta el mismo Alcalde de la ciudad se vieron involucrados. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano a un billón de pesos, unos 521 millones de dólares aproximadamente.