Seis integrantes de una organización dedicada a la estafa en comercializadoras informales de vehículos u oficinas fue desarticulada por la Dijin de la Policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Aproximadamente 25 personas fueron víctimas de esta modalidad de delito, quienes entregaron más de 2.000 millones de pesos con el fin de adquirir vehículos con contratos para trabajar en petroleras, alcaldías locales, concesiones viales, entre otras.
Mediante la oferta de contratos de arrendamiento de camionetas doble cabina con platón, barra anti-volco y equipo acondicionado para trabajar en empresas vinculadas o contratadas por empresas petroleras, alcaldías de municipios, ruta viales, los estafadores se comprometían a sufragar mensualmente una cuota de dinero fija y, además, un contrato por el término de un año, exigiendo a las víctimas un monto aproximado de 20 millones de pesos para el alistamiento inicial de cada vehículo (camioneta) y en algunos casos, cinco millones de pesos por el cupo para trabajar en dichas empresas o instituciones, cupos que a la postre resultaban fraudulentos.
Después de obtenidos los vehículos, los indiciados los desplazaban a diferentes zonas del país (Acacias, Agua Azul, Rubiales, entre otras) donde según informaban a los propietarios, laborarían los rodantes. Efectuaban uno o dos pagos de los acordados, por un valor de tres millones de pesos aproximadamente, para luego desaparecer sin dar información sobre el paradero de los vehículos o subsanar las deudas adquiridas con los propietarios por el alquiler de los mismos.
Los delincuentes capturados se dedicaban a comercializar los vehículos sin autorización de los propietarios. Así mismo, cuando sus víctimas no contaban con la capacidad económica para adquirir un automotor nuevo, ofrecían rodantes usados los cuales adquirían a través de una figura denominada «contrato de cesión de cartera».
Para dichas negociaciones, los aprehendidos realizaban actividades como: falsificación de documentos ante las secretarías de tránsito (formularios de compra y venta), alteración en sistemas de información pública (RUNT).
Roles que cumplían los capturados:
Contratista y representante legal: Encargados de recibir los vehículos mediante la figura de cesión de cartera de parqueadero generando nuevas víctimas, las cuales evidenciaban la estafa al momento de ser abordadas por los propietarios reales.
Comercializadores: Vendían los vehículos sin conocimiento ni autorización de los propietarios, generando nuevas víctimas.
Tramitador: Encargado de la «expedición» de tarjetas de operación de los vehículos nuevos que las víctimas adquirían a través de concesionarios, dicho documento resultaba ser fraudulento
