La Defensoría del Pueblo, en un comunicado, expresó que considera insuficiente y confusas las explicaciones dadas hasta este momento respecto a las causas del colapso de un puente peatonal en la carrera 11 con calle 103 en el norte de Bogotá. Por tal razón, pidió que la Contraloría y la Procuraduría adelanten las investigaciones que correspondan al caso.

A lo anterior, la Defensoría agregó que le resulta evidente e innecesario el riesgo al que estuvieron expuestos quienes participaron en las pruebas de carga de la estructura, los transeúntes, conductores y ciudadanos que frecuentan ese sector, ello sin contar con las posibles irregularidades en materia de contratación.

“Generan una preocupación adicional las versiones respecto a que un día antes de la caída del puente ya se hubiera constatado una falla tras las primeras pruebas de resistencia, y que a pesar de ello se decidiera enviar personas para realizar un nuevo ensayo sin las medidas de precaución necesarias”, afirma en el comunicado.

Para la entidad, se presentaron varias irregularidades tanto en el proceso licitatorio como en el reporte de los heridos después del accidente.

La Defensoría no entiende cómo la obra habría sido adjudicada por un valor superior a los 3 mil millones de pesos sin que obedeciera a un proceso de licitación, y con varios retrasos en su entrega.

Por otro lado, la entidad también se pregunta cómo es posible que inicialmente las autoridades reportaran el traslado de 7 personas heridas como consecuencia del colapso de la estructura y sólo cuando la Secretaría de Salud efectuó una visita de inspección se tuvo conocimiento que en realidad habían sido 42 los lesionados.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo expresó que “además de las vulneraciones del derecho a la integridad de las personas afectadas por el incidente, el daño en la estructura también ha significado alteraciones graves en el derecho a la movilidad de los bogotanos que transitan por esa concurrida zona de la capital”.