–La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al Estado colombiano romper «la tendencia histórica de impunidad» frente al asesinato y amenazas de muerte contra los defensores y defensoras, esclarecer su motivación y aplicar las sanciones establecidas en la ley.

El pronunciamiento lo hizo al rechazar y condenar el asesinato del dirigente civico y defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza, ocurrido la semana pasada.

En el comunicado, el comisionado de Naciones Unidas afirma que el hecho de que «los autores y su motivación sean desconocidos no ha disminuido el impacto intimidatorio que ha tenido este asesinato en la ciudadanía y en los movimientos sociales y de derechos humanos».

Advierte que el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar los delitos y violaciones de derechos humanos y de llevar a los responsables ante la justicia. Este es un derecho de todas las personas y un deber de todos los Estados. Cuando el Estado falla, la impunidad promueve la repetición de los crímenes y la expansión de la inseguridad que impide ejercer nuestros derechos, puntualiza.

Dice igualmente que «cumplir este deber estatal tiene especial importancia cuando las víctimas son líderes sociales, étnicos y defensores o defensoras de derechos humanos. Las amenazas, asesinatos y desapariciones de las que han sido víctimas, por décadas, las defensoras y defensores de derechos humanos en sentido amplio han buscado acallar sus voces y evitar sus demandas por la vigencia de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa. La impunidad de sus autores ha enviado el mensaje que el Estado no es capaz de evitar que vuelvan a hacerlo», complementa.

Subraya qye en el marco de los esfuerzos por alcanzar la paz, el asesinato de Carlos Alberto pone de relieve que persiste la vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos humanos y que apuestan por construir un país en paz.

«Esta muerte –precisa–nos recuerda la urgencia que el Estado cambie esta tendencia histórica de impunidad y que para ello realice todos los esfuerzos y disponga de todos los recursos necesarios para identificar a los responsables de las agresiones y crímenes contra los defensores y defensoras, esclarecer su motivación y aplicar las sanciones establecidas en la ley.

Añade que «es también una razón más para potenciar espacios existentes de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, étnicas y defensores de derechos humanos, como la subcomisión de derechos humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Rural y la Mesa Nacional de Garantías de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en cuyo marco se puede avanzar hacia acuerdos sobre medidas de protección, no repetición y en contra de la impunidad».

Finalmente resalta que «la Oficina continuará acompañando al Estado colombiano, a la sociedad y a las y los defensores de derechos humanos en la búsqueda de políticas, programas y medidas concretas que contribuyan a garantizar el respeto por su vida, su integridad y su labor».