Según un informe emitido por la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP), durante el 2014 se registraron 131 agresiones directas contra la prensa en Colombia, con un total de 164 víctimas. Además, la FLIP ha identificado que, en algunos casos, las agresiones contra las mujeres periodistas pueden tener motivos, métodos y efectos diferentes a aquellos que ocurren contra los hombres que desarrollan el mismo oficio.

En el marco de la celebración del Día del Periodista, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publica este 9 de febrero su informe anual «60 años de espionaje a periodistas en Colombia», en el que hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en Colombia en 2014.

En su informe, la entidad señala que la violencia contra las mujeres periodistas tiene ciertas particularidades y que dicha violencia se manifiesta de distintas formas, estando expuestas a agresiones no solo en el lugar del cubrimiento de la noticia, sino también a agresiones en su lugar de trabajo por motivos basados en género.

En el mismo sentido, reseña que las mujeres periodistas corren peligros adicionales como la agresión sexual, la violencia sexual de la turba contra periodistas que cubren acontecimientos públicos, o el abuso sexual cuando se encuentran en detención o cautiverio. La existencia de poderosos estigmas culturales y profesionales hace que no se den a conocer muchos de estos atentados.

Sin embargo, el informe resalta de manera valorativa, que el caso de Claudia Julieta Duque tuvo avances significativos, hubo dos reconocimientos de responsabilidad por parte de victimarios y una condena a uno de ellos. Además, otros cuatro vinculados al proceso de la periodista irán a juicio durante el 2015.

Por otra parte, el informe señala casos como los diferentes panfletos con amenazas colectivas contra comunicadores en Valle del Cauca, Bogotá y otros lugares del país; la destrucción del computador del periodista Javier Osuna y la detención arbitraria por parte de la Policía al fotógrafo Esteban Vanegas en Medellín.

Las amenazas se mantienen como el tipo de agresión más frecuente contra la prensa con 60 casos y 71 periodistas víctimas. Si bien existe una disminución frente al año 2013 (75 amenazados), la cifra sigue siendo preocupante. El 2014 fue un año electoral y en las votaciones parlamentarias, presidenciales y atípicas se presentaron 19 agresiones relacionadas con el cubrimiento de este tema. No obstante, la experiencia muestra que en los procesos electorales de autoridades locales, como el que habrá este año, es donde se mueven más intereses y, por consiguiente, puede haber mayores intereses de censurar a los medios.

La protección a periodistas por parte del Estado tuvo varias crisis. Los problemas administrativos y presupuestales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron una constantes y han desencadenado la ineficacia en la prestación de la seguridad de algunos periodistas en riesgo, y existe una reiterada incertidumbre frente a la continuidad de los esquemas.

Esta tormenta venía siendo anunciada en momentos anteriores y tuvo su punto de quiebre con el asesinato de Luis Carlos Cervantes en Tarazá, Antioquia. Este caso mostró muchas de las debilidades del sistema de protección a periodistas.

El año 2014 inició con la revelación por parte de la Revista Semana de que bajo la fachada de un café Internet operaba una sala de operaciones de inteligencia del Ejército, conocida como “Andrómeda”. Desde este lugar se adelantaban seguimientos a los representantes del Gobierno en el Proceso de Paz. Pero además de esto, se supo que dentro de esta operación se encontraban interceptados correos electrónicos de periodistas, entre otras personas. Posteriormente, se conoció que la Central de Inteligencia Militar contaba con una lista de correos electrónicos personales y oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, periodistas nacionales y extranjeros.

Asimismo, se pueden mencionar los casos de bloqueo de videos en algunas de las cuentas de Youtube de medios de comunicación que compartieron las imágenes de la líder religiosa, María Luisa Piraquive, cuando daba declaraciones en las que afirmaba que los discapacitados no pueden ser predicadores.

Por otro lado, aunque Colombia pasó del puesto quinto al octavo en el índice global de impunidad del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), la situación persiste con preocupación. De esto dan cuenta los 3 casos de asesinatos de periodistas que prescribieron sin mayores avances en su investigación judicial y la falta de un fallo de segunda instancia en el proceso contra Ferney Tapasco por el crimen de Orlando Sierra, entre otros.

Asimismo, la pauta publicitaria sigue siendo un tema preocupante para la libertad de expresión. A pesar de existir un artículo en el Estatuto Anticorrupción que da criterios para que no se abuse de este recurso, todavía no existe una reglamentación que los ponga en práctica. Por otro lado, este debate vuelve a ser relevante en el Congreso con un proyecto de ley que fue presentado por el Centro Democrático, y mediante su inclusión como uno de los acuerdos parciales entre el Gobierno y las FARC en el punto de participación política.