Ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de Nación, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) solicitó abrir una investigación para a establecer la responsabilidades en presuntas ineficiencias detectadas en los procesos de adquisición de tierras.

De acuerdo con una auditoría realizada en el segundo semestre del 2014, se identificó que los procesos de legalización de tierras tienen factores externos que afectan su eficiencia, ya que los procedimientos involucran a diversas entidades, sin las cuales no es posible la culminación de los trámites, aseguró el gerente de la entidad, Rey Ariel Borbón Ardila.

Según Ardila, otro de los factores que afecta la oportunidad en el trámite tiene que ver con los conflictos intra e interétnicos, que se evidencian en las comunidades rurales, agregó el Incoder.

“En el segundo semestre de 2014 se adoptaron medidas correctivas tendientes a ajustar los procesos y procedimientos para ser más oportunos en el trámite. Además, se hizo una gestión con las entidades involucradas en estos procedimientos, con miras a establecer un equipo interinstitucional que permita la agilización de los trámites”.

En cuanto a la adquisición de predios para las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y desplazadas, indicó que se trabaja con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

La semana pasada, a través de un informe, la Contraloría, advirtió sobre la gestión ineficiente del Incoder, que, según explicó, se ve reflejada en problemas de ejecución de recursos, rezago en la compra y legalización de predios y un grave desorden en su información documental.

El informe de la Contraloría evidencia ineficacia en la ejecución de los recursos públicos y ausencia de planeación estratégica en el INCODER, para cumplir con las metas misionales trazadas en su plan de acción, situación que se sustenta en los 37 hallazgos administrativos descritos en el informe, de los cuales 19 tienen alcance disciplinario, 1 de alcance penal y 3 de orden fiscal por un total de $84.573.248.

Destaca el informe que, en la vigencia 2013, el proyecto de inversión «Implementación Programa de Legalización, Adquisición y Adjudicación de tierras rurales y desarrollo productivo para comunidades negras, nivel nacional» comprometió $24.010 millones, de los cuales se pagaron el 14% y el 86% restante se trasladó a contratos con el Banco Agrario.

Además, en la ejecución de los pagos en las vigencias 2012 y 2013 se detectó la constitución de cuentas por pagar que superan el 50% del valor de los proyectos de inversión del INCODER, evidenciando pasividad bancaria e ineficacia de los pagos al no cumplir con el principio de anualidad del presupuesto.

Lo anterior se refleja en la vigencia 2012, donde se constituyeron cuentas por pagar por un valor de $71.874 millones, lo que corresponde al 75% de los recursos de los proyectos de inversión del instituto, correspondientes a $95.320 millones. Para el año 2013 se constituyeron $41.984 millones en cuentas por pagar, lo que correspondía al 68% del total del presupuesto comprometido.

La Actuación Especial de la CGR identifica además un rezago en el cumplimiento de las metas establecidas para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por parte del Incoder en relación con la compra de predios y legalización para comunidades indígenas y negras, la implementación de proyectos productivos, y la reestructuración de resguardos indígenas de origen colonial.

Es el caso de 10 predios programados para ser comprados a comunidades negras durante el año 2013, donde solo se logró la compra efectiva de 1 y de 13 proyectos productivos programados como meta no se logró la asignación de ningún proyecto.

Igual sucede con el saneamiento del resguardo U´wa: durante la vigencia 2013 se comprometieron el 97% de los recursos y solo se pagó el 7% de los recursos asignados, constituyéndose $2.700 millones en cuentas por pagar. Además, no se cumplió con la meta de la compra de 17 predios, ya que ninguno fue comprado.

El informe revela la existencia de factores que impiden la eficiente gestión del INCODER, tales como: ausencia de sistemas de información institucionales, un grave desorden en la información documental, ausencia de documentos o expedientes incompletos de legalización de territorios de comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, ausencia de canales eficaces de comunicación entre dependencias, un rol débil de la oficina de control interno de la entidad y alta rotación de contratistas.