El Fiscal General de la Nación Eduasrdo Montealegre anunció hoy que se le va a proponer a los integrantes de las bandas criminales, bacrim, una política de sometimiento a la justicia y se les ofrecerá principio de oportunidad.

“Las bandas criminales no son actores del conflicto y no se van a combatir en términos de DIH, se les va a proponer una política de sometimiento y principio de oportunidad”, afirmó el fiscal Montealegre en el marco de una reunión que sostuvo con Joel Motley, Presidente de Human Rights Watch y José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de la misma ONG.

El jefe del organismo acusador, no descartó que en un futuro el aparato judicial colombiano de la mano con el gobierno pueda generar políticas de sometimiento de las organizaciones delincuenciales.

Montealegre estableció que, según investigaciones adelantadas por la Fiscalía, en Colombia operan 1.200 bandas dedicadas a violentar a la población y lucrarse del negocio del narcotráfico y la extorsión y el resto a miembros de las cuatro grandes estructuras criminales como el Clan Úsuga, Los Rastrojos, Bloque Libertadores del Vichada y Bloque Meta, que operan en el país y que ya superan los 3.500 integrantes.

El fiscal resaltó el compromiso de la entidad con el trabajo que desde ya se adelanta con la Presidencia de la República en la consolidación de una política integral para desarticular todas las bandas criminales y organizaciones ilícitas dedicadas a violentar a la población y lucrarse del negocio del narcotráfico y la extorsión.

“Estas organizaciones además de cometer actos de delincuencia común, de forma conexa, han venido cometiendo delitos propios de un conflicto armado de violaciones a los derechos humanos”, advirtió Montealegre, quien agregó que la solución para estas graves violaciones no puede limitarse al derecho penal.

“Esto requiere unas políticas sociales muy a fondo, que involucren prevención y protección desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y un tratamiento penitenciario, porque es allí donde vuelve y se recicla el crimen. La reforma del sistema penitenciario debe ahondar seriamente en la resocialización y en el trabajo social de campo con las víctimas”, señaló el fiscal.

Montealegre Lynett indicó que el reto para la Fiscalía es producir una modernización tecnológica que permita la lucha contra el crimen organizado, como es el tema de interceptación legal e investigación en contexto que permita desarticular no solo la organización en sí sino las fuentes económicas de financiación con el apoyo de la Policía Económico Financiera del Estado y la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN).

El encuentro con los directivos de Human Rights Watch, tuvo como objetivo analizar los altos índices de violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Buenaventura, buscar estrategias para frenar los desmembramientos de los que están siendo víctimas los ciudadanos y fortalecer la presencia del Estado en la región.

La reunión se concreto luego que la ONG entregara un informe sobre la ola de crimenes en el puerto y afirmara que continúa el descuartizamiento de personas por parte de las bandas criminales.

Al efecto, señaló que entre abril de 2014 y febrero de 2015 en el Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), se han hecho efectivas 239 órdenes de captura por desapariciones, homicidios, desplazamientos y múltiples crímenes registrados.

El grupo de priorización de la Fiscalía conformado desde hace un año por 35 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para atender temas de desaparición y desmembramiento, ha registrado 6 casos en los últimos meses, el más reciente ocurrido el 21 de diciembre contra dos jóvenes de 18 y 19 años dedicados a la construcción y cuyos cuerpos fueron encontrados un mes después por la Fiscalía. Por estos hechos fueron capturadas 11 personas.

El Grupo especial de trabajo para Buenaventura será reforzado con dos fiscales y dos más para el tema de crimen organizado con el fin de desarticular todos los focos de violencia que operan en el Pacífico.