Por Mauricio Botero Caicedo
Según informes de prensa de la semana pasada, “El taxista con el vehículo de placas VDU776, sin mediar más palabras con el pasajero, se baja del taxi y lo agrede físicamente, todo porque el señor pasajero descubre que el taxímetro está adulterado. La ruta que realizó el taxi, según el afectado, no vale más de 6 mil pesos. Sin embargo el conductor irresponsable pretendía cobrarle 10 mil por el trayecto. El taxi pertenece a la empresa Taxis Libres de Uldarico Peña. La agresión se presentó el viernes 6 de marzo en el barrio Puente Largo al norte de Bogotá.”
Hasta donde el autor de esta columna sepa, ningún conductor de Uber en Colombia ha agredido a puñetazos a uno de sus usuarios. Sin embargo, para las autoridades de este país del ‘Sagrado Corazón’, lo que está prohibido es el Uber, y no los taxis amarillos de Uldarico Peña.
En la era digital prohibir un servicio que tiene alta demanada no sirve de mucho, por no decir nada. Habitualmente lo que se consigue es justo el efecto contrario al deseado ya que los usuarios se organizan para saltarse la prohibición. Es lo que está pasando con los conductores de Uber en Colombia.
Por otro lado, el mototaxismo es un fenómeno que se ha desbordado en el Caribe colombiano y varias otras zonas del país, al punto que, según censos en las principales ciudades, dan cuenta que hay más de 200 mil motocicletas rodando como servicio de transporte público. La situación es tan delicada que se han agudizado problemas de movilidad, alteración del orden público, accidentalidad e inseguridad. Como bien lo señala un informe de prensa, “El mal estado de la infraestructura vial, sumado a un transporte urbano deficiente y vetusto, con problemas de contaminación ambiental, rutas mal diseñadas y usuarios desatendidos, son, entre otros, ingredientes del caldo de cultivo para que este fenómeno florezca.” Las medidas para imponer orden han sido infructuosas.
La respuesta de el Ministerio de Transporte es prohibir los mototaxis. Salvo Barranquilla que logró, con una mezcla de mano dura, voluntad política y ofertas laborales, ponerle freno a unos 30 mil mototaxistas (ver nota alterna), las otras capitales del Caribe y der Colombia viven en tensión. Hoy el panorama de Barranquilla es otro: “vías despejadas, disminución hasta en 50 por ciento de los delitos, comparados con el año 2010, y reductos de mototaxis replegados en el suroccidente de la ciudad, en barrios con verdaderos problemas de acceso y en donde la moto como servicio púbico sí es una opción más para sus habitantes.”
Si el autor de esta nota hubiera sido el Ministerio de Trasporte lo que hubiera permitido y reglamentado son los tricitaxis, los famosos Tuc – Tuc’s del Oriente. Sin lugar a dudas dialogar para regular parece mejor opción que prohibir. Lo que deben hacer las autoridades es reglamentar el tema, más que prohibirlo. Los taxis tradicionales, o son un robo, o no prestan el servicio adecuado.
La prohibición no tiene mucho sentido. Por supuesto que Uber y los Tuc – Tuc’s locales son una nueva competencia al gremio de los taxistas, pero los usuarios ganan con ella.
Habrá emulación por prestar mejores servicios. Quien quiera pagar más por ellos, está en su derecho. Las autoridades deberán vigilar unas condiciones mínimas de seguridad y de responsabilidades por fallas en el servicio, pero no irse por la vía corta de la prohibición.
