–El expresidente Alvaro Uribe Vélez salió nuevamente en defensa del exministro Andrés Felipe Arias y afirmó que el pedido de circular roja solicitada por la Corte Suprema de Justicia en su contra “demuestra que en nuestro país las normas internacionales se aplican selectivamente de acuerdo con la filiación política de la persona”.

El exmandatario pidió “a la comunidad internacional preservar la protección a personas como André Felipe Arias víctima de la persecución política judicial a nuestro gobierno”

En su cuenta en Twitter, Uribe afirma: “Arias no robó, contrató con órgano d OEA, lo condena magistrada q dice ser perseguida d nuestro Gbno, no hubo impedimento” y a enseguida incluye la siguiente carta:

Pedimos a la comunidad internacional preservar la protección para personas como Andrés Felipe Arias, víctima de la persecución política judicial a nuestro gobierno.

Del análisis de eminentes juristas a la sentencia condenatoria del ex Ministro Arias, se desprende que no se apropió de un solo peso del erario público. Fue condenado por supuesta celebración indebida de contratos con el Instituto Interamericano de Cultura Agropecuaria, IICA, órgano de la Organización de Estados Americanos, OEA, con el cual ha sido costumbre la contratación directa por parte del Estado Colombiano.

Personalmente he escuchado a directivos de este Instituto pronunciarse sobre la injusticia cometida contra el ex Ministro de Agricultura, pronunciamientos ignorados en la sentencia condenatoria. No hay una sola razón para presumir dolo en contra de alguien por contratar con una entidad adscrita a la OEA.

También se condena al ex Ministro Arias a 17 años de cárcel porque supuestamente él, por su elevada preparación académica, tendría que haber conocido los seis casos de usuarios que violaron la ley para obtener beneficios de la Ley Agro Ingreso Seguro. Esto es imposible para un ministro, en un universo de aproximadamente 380 mil beneficiarios, cuando además estaba de por medio el manejo por parte del IICA.

La señora Magistrada, ponente contra el ex Ministro Arias, se ha declarado perseguida por nuestro Gobierno, sin embargo en este caso no hubo impedimento.

La sentencia contra el ex Ministro Arias, como otros casos contra ex integrantes de nuestro gobierno o militantes de nuestro partido, tiene en trámite una acusación ante las Naciones Unidas.

Mientras esto ocurre contra el ex Ministro Arias, la señora Maria del Pilar Hurtado, a quien le quitaron la protección internacional, continúa ilegalmente en el calabozo de la Fiscalía, su ente acusador, donde se le presiona a declarar contra Álvaro Uribe Velez, porque este ha mandado a asesinarla.

El pedido de circular roja contra el ex Ministro Arias demuestra que en nuestro país las normas internacionales se aplican selectivamente, de acuerdo con el filiación política de la persona.

Reiteramos el pedido de protección internacional al ex Ministro Arias y a nuestros compañeros, víctimas de persecución política de la justicia.

(Firmado) Álvaro Uribe Vélez

DE LOS ABOGADOS

Adicionalmente, el expresidente Uribe Vélez colgó en su cuenta un escrito «de los abogados de Andrés Felipe Arias», en el cual se exponen una serie de argumentos sobre los cuales se demuestra la persecución político-judicial contra Arias y concluye diciendo que si en Interpol los evalúan “es clarísimo que no se puede expedir circular roja contra el exministro pues el articulo 3 de la constitución de ese organismo las descarta cuando el caso tiene connotaciones políticas, religiosas, raciales, etc”.

Su texto integral es como sigue:

Lo que sucedió ayer es una muestra más de la persecución político – judicial en contra del ex Ministro Andrés Felipe Arias y del Centro Democrático.

En primer lugar, el caso del ex Ministro está en manos de un juez de ejecución de penas, lo cual quiere decir que ya salió de la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es el juez de ejecución de penas quien debe encargarse de esto. Aún así, la Corte filtra a los medios (pues no se conoce pronunciamiento formal) que “insiste en que se pida la circular roja contra el ex Ministro”. Esto muestra que el ensañamiento de la Corte contra el ex Ministro es tal que ni siquiera permite que el juez de ejecución de penas haga su trabajo. Vemos entonces que dentro del presente caso, es evidente que ni la corte suprema de justicia ni la fiscalía general de la nación están llamados a hacer ningún requerimiento a Interpol, pues la autoridad fijada por la ley no es otro que el juez de ejecución de penas, de manera que se desconoce el debido proceso y la autonomía de las autoridades judiciales.

Como será el ensañamiento de ciertos magistrados en la Corte Suprema, que hace dos semanas aceptaron el impedimento de María del Rosario Gonzalez para participar de la versión libre que pidió el Presidente Uribe; impedimento fundamentado en que ella se considera víctima del gobierno del Presidente Uribe. Pues bien, a la hora de juzgar y condenar al ex Ministro, funcionario de primer nivel de ese gobierno del que ella se considera víctima, la Corte no tuvo ningún reparo en que la Magistrada dirigiera el juicio después de que ella manifestara un impedimento similar, con lo cual queda clarísimo que el ex Ministro nunca tuvo un juez imparcial.

Pero, además, es importante que Colombia sepa que el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en Ginebra ya “dio paso” a una denuncia que interpuso el ex Ministro en contra del Estado colombiano por múltiples violaciones a su debido proceso y a sus derechos humanos. Pero, especialmente, porque no tiene una segunda instancia tal como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. Así las cosas, en vez de estar presionando públicamente una circular roja en contra del ex Ministro, la Corte debería estar coadyuvando al Estado colombiano en la respuesta a Naciones Unidas.

Y es que el caso del ex Ministro es atroz por lo siguiente:

1. Como vimos no tuvo un juez imparcial.

2. Otra de las magistradas que lo condenó no asistió a ni una sola de las audiencias, pues se posesionó después de finalizado el juicio. Es como si en ese caso al ex Ministro lo hubiera condenado un juez sin rostro, lo cual es violatorio de los derechos humanos.

3. El magistrado que sí asistió a todas las audiencias dejó un salvamento de voto muy fuerte, en donde dejó claro que al ex Ministro le violaron su debido proceso y le desconocieron sus pruebas.

4. La procuraduría, que lo sancionó disciplinariamente, al final del juicio pidió su absolución.

5. La sentencia es tan descabellada que, por un lado, condena al ex Ministro como co autor de un crimen y, por otro lado, dice que a la Fiscalía no se le puede exigir que demostrara cuál era el plan criminal del que supuestamente hizo parte. Esto fue revelado en un estudio académico por parte del Dr. Fernando Velasquez, una de las más grandes autoridades en materia penal del país.

6. El carácter político del juicio contra el ex Ministro fue tan evidente que, dos días antes de la elección presidencial, la Corte filtró ilegalmente el sentido del fallo de la Magistrada Gonzalez. Ello, por supuesto, para afectar la elección en línea con todo lo demás que venía haciendo el gobierno y la Fiscalía en contra del Centro Democrático. Pero también para presionar públicamente al resto de magistrados en contra del ex Ministro.

7. Quedó probado, y así lo reconoció la propia Corte, que el ex Ministro no se robó un solo peso y que su crimen fue haber hecho lo mismo que hicieron sus antecesores: celebrar convenios de cooperación con la Organización de Estados Americanos (IICA). Aún así, le impusieron una condena de casi 18 años de prisión, un monto al que ni siquiera llegarán los jefes de las FARC, esos que sí han robado, asesinado y secuestrado.

8. Tan atroz es la sentencia y la condena que la propia Contralora, también perseguida por el régimen, reconoció que su sanción al ex Ministro nunca fue por dolo y que el monto de la pena es tan absurdo que le recomendó no regresar al país.

Si en Interpol evalúan todo lo anterior, es clarísimo que no se puede expedir una circular roja en contra del ex Ministro pues el artículo 3o de la Constitución de ese organismo las descarta cuando el caso tiene connotaciones políticas, religiosas, raciales, etc.