–La Defensoría del Pueblo afirmó hoy al cumplirse el tercer mes del cese del fuego declarado por las Farc que aunque el grupo guerrillero ha cumplido la medida, continúa realizando otro tipo de acciones claramente violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, entre ellas, amenazas, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos, accidentes con minas antipersona y desplazamientos forzados.

En su informe, la Defensoría, aunque advierte que al cumplirse tres meses de la tregua unilateral y hostilidades que, por tiempo indefinido, decretó la guerrilla de las Farc, no se han reportado acciones bélicas, hostilidades o ataques armados que puedan considerarse violatorios de dicho anuncio, expresa preocupación por las 33 acciones que afectaron a la población civil durante los últimos 30 días.

Subraya que se trata de «otro tipo de acciones de las Farc que resultan claramente violatorias de los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de los ciudadanos en las zonas de influencia» y las cuales se han registrado particularmente en Arauca, Norte de Santander, Meta, Guaviare, Vichada, Chocó, Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Huila y Putumayo.

Añade que en estos departamentos, los habitantes resultan ser víctimas de amenazas, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos, accidentes por minas antipersonal, restricciones a la movilidad, imposición de manuales de conducta y desplazamientos forzados, que en algunos casos se atribuyen a éste grupo guerrillero.

Reseña que de acuerdo con el seguimiento que hace el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, durante el tercer mes de seguimiento al cese de hostilidades de las Farc, se presentaron 9 enfrentamientos entre miembros de este grupo guerrillero y la fuerza pública, la mayoría en el marco de las operaciones militares de registro y control del Ejército Nacional en los departamentos de Tolima, Meta, Cauca, Huila, Chocó, Vichada y Caquetá.

De otro lado–continúa diciendo–, no obstante el significado y la importancia de la declaratoria de desminado en el marco de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las Farc, la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación con respecto a esta grave infracción al DIH, pues la población civil sigue expuesta a la existencia de campos minados, que a juicio de esta entidad deben ser identificados, delimitados y señalizados de forma urgente, con el propósito de que sean removidos prontamente, para salvaguardar la vida e integridad personal de la población.

También señala que durante el último mes, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha reportado un total de 7 accidentes e incidentes con minas antipersonal y con activaciones de artefactos explosivos. Al respecto, la Entidad llama la atención sobre el alto riesgo al que están expuestas particularmente las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Entre las otras acciones que afectan a la población civil, el SAT de la Defensoría ha reportado 3 situaciones de amenazas y extorsión; 2 situaciones relacionadas con el desplazamientos forzados, una de las cuales está relacionada con un secuestro; y 7 situaciones de restricción a la movilidad y control territorial.