Bogotá

Desde Concejo aseguran que la política de seguridad de Bogotá ha sido equivocada

Foto de archivo
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Con la participación de las bancadas de los partidos: Alianza Verde, Liberal Colombiano, Polo Democrático Alternativo, Cambio Radical y La U, se adelanta en el Concejo de Bogotá, el debate de control político que evaluó la Contratación de la Secretaría de Gobierno y los resultados del Plan de Seguridad 75/100.

Para los concejales, hoy, los bogotanos tienen la sensación de que la ciudad está perdiendo la batalla contra el crimen, ya que las nuevas características de la inseguridad capitalina han desbordado la política pública y los instrumentos con los que hasta ahora se ha gestionado este asunto, que como lo indican todas las encuestas, constituye una de las dos preocupaciones más importantes de los bogotanos.

“La política de seguridad de la ciudad implementada en estos cuatro años ha sido equivocada ya que los principales indicadores de delitos de alto impacto no han mostrado mejoría en las localidades, sino una reubicación producto de las nuevas dinámicas delictivas”, puntualizó el Concejal Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.

En el marco del debate se cuestionó que hoy los resultados del plan 75/100, que se propuso para intervenir 75 barrios de 19 Unidades de Planeamiento Zonales -UPZs- en las 10 localidades más violentas de la ciudad, son desalentadores.

Y explicaron que el Homicidio, por ejemplo, en el año 2014 se disparó en la localidad de Ciudad Bolívar en un 14 por ciento, mientras que en Bosa en un 8 por ciento y en Usme en un 49 por ciento.

Mientras que en las localidades de Kennedy y Usaquén, se registró una disminución. Pero en general para las 10 localidades intervenidas hubo un promedio de incremento en un 16 por ciento. Lo propio ocurrió con otros delitos. El hurto a residencias se incrementó en un 12.2 por ciento, el hurto a automotores en un 23.7 por ciento y el de motocicletas en un 48.8 por ciento.

Para los concejales existe un déficit de policía gravísimo que está por los 1.348 habitantes por policía y se debe dar un salto de los 15.248 a por lo menos 30 mil policías que le costaría a la nación $69 mil millones de pesos en un año, sin contar con los equipos operativos y vehículos de transporte en los que incurría El Distrito.

Fondo de Vigilancia no podrá realizar compras

De acuerdo con lo afirmado por el Concejal Horacio José Serpa Moncada, el Partido Liberal expresa su preocupación por la inseguridad que actualmente se vive en la ciudad y que Bogotá no tiene clara una política pública de seguridad, las cifras de las encuestas muestran los grados de inseguridad que se presenta en la capital.

Algunas cifras importantes que se registran en la capital muestran que, el sicariato en el año 2013 registró 96 casos y en el año 2014 se registraron 215, mostrando una diferencia de 119 casos. Al mismo tiempo en el segundo semestre del año 2013 un 43 por ciento de los ciudadanos se sentían inseguros, mientras que en el 2014 se incrementó a un 57%, aumentando un 14% en 1 año y un 80 por ciento de los usuarios no se sienten seguros en el medio de transporte público y un 89% de usuarios en Transmilenio tampoco están tranquilos con este medio de transporte.

Así mismo, José Serpa denunció que por incumplimiento de pagos a proveedores y omisión a los requerimientos de Colombia Compra Eficiente, el Fondo de Vigilancia y Seguridad no podrá realizar compras de combustible, vehículos, seguros, papelería, entre otros, para dotar a La Policía y entidades del Distrito a través de este portal por cinco años.

“La deuda actual del Fondo de Vigilancia asciende a 25.650 millones de pesos a los proveedores de gasolina, de los vehículos y el SOAT para vehículos del distrito; inconcebible que después de tener los suministros el fondo no haya pagado por esos servicios”, afirmó Horacio José Serpa.

La Bancada Liberal denunció que los bogotanos no sienten seguridad en los parques, en las calles, en Transmilenio, ni en los diferentes espacios de la ciudad “y han perdido la confianza en la Justicia y esto lleva a que por este motivo no denuncien los actos de criminalidad. Hay falta de coordinación institucional entre las distintas entidades que tiene que ver con el tema de seguridad”, puntualizó María Victoria Vargas Silva.