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Defensoría alerta sobre aumento del número de colombianos que apela a la tutela para obtener atención en salud

Tutela–La Defensoría del Pueblo reiteró en las últimas horas su llamado a las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, para que cumplan con su obligación, tanto legal como moral, de garantizar de manera oportuna el aseguramiento y la prestación de los servicios contemplados en el POS, y evitar que sean los jueces de la República quienes, a través de los fallos de tutela, terminen coadministrando la salud.

El pronunciamiento lo hizo al revelar que sigue aumentando el número de colombianos que apelan al mecanismo de la tutela para lograr que las EPS le presten la debida atención médica.

Según la Defensoría del Pueblo, en solo 5 años el número de acciones que reclaman derechos relacionados con los servicios de salud en Colombia se incrementó en 25,2%.

En un informe preliminar, el organismo advierte del incremento sostenido en el número de tutelas en salud, que para 2014 alcanzó un total de 118.281, lo que representa el 23,7% del total de este tipo de acciones jurídicas interpuestas por los colombianos.

Según el comnunicado, los datos que viene consolidando la Defensoría del Pueblo, resulta preocupante que entre 2010, cuando se presentaron 94.502 acciones de tutelas en salud, y 2014 el número de acciones para reclamar por este derecho fundamental aumentó un 25,2%.

Agrega que aunque entre 2013, cuando se registraron 115.147 acciones de tutela en materia de salud, y 2014 el incremento fue de 2,7%, el panorama llama la atención en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, dado que el 70% de las solicitudes de los ciudadanos en materia de violaciones a su derecho fundamental a la salud está relacionado con solicitudes ya incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Al respecto la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para que cumplan con su obligación, tanto legal como moral, de garantizar de manera oportuna el aseguramiento y la prestación de los servicios contemplados en el POS, y evitar que sean los jueces de la República quienes, a través de los fallos de tutela, terminen coadministrando la salud.