La Procuraduría General de la Nación absolvió de responsabilidad disciplinaria al señor Campo Alexánder Prieto García, actual alcalde de Cota (Cundinamarca), quien era investigado por omitir el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

El fallo de primera instancia que señala que el mandatario actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, se dio a conocer en audiencia pública realizada en la sala de audiencias no. 2 de la torre C contigua a la sede central de la Procuraduría General.

Adicionalmente, al proferir la decisión, el órgano de control tuvo en cuenta el aval otorgado por parte del Concejo al proyecto de acuerdo que fijaba el presupuesto de la administración municipal de Cota para el año 2014, el cual se sometió a estudio, análisis y aprobación de esta corporación, sin que esta hubiese hecho ninguna observación frente al programa de bienestar del talento humano, consignado en el Plan de Desarrollo por el cual votaron los habitantes del citado municipio.

Al funcionario se le cuestionaba por haber suscrito un contrato con la fundación WR Tejido Social con cargo a recursos de inversión, teniendo en cuenta que su objeto era desarrollar el plan de bienestar de los servidores públicos vinculados a la Alcaldía de Cota y, por tanto, este gasto correspondía a funcionamiento.

Finalmente, teniendo en cuenta que la deficiente planeación del proyecto, la falta de claridad tanto en su estructuración como en los criterios de medición e impacto y su articulación al plan de desarrollo involucran las áreas de Hacienda, Talento Humano y Planeación, la Procuraduría, remitirá copia de la presente determinación para que a través de las dependencias competentes de este órgano de control, se proceda a verificar la existencia de irregularidades en las que pudieron incurrir funcionarios de la Alcaldía de Cota en las situaciones descritas.

La decisión adoptada por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública no interfiere en el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría de Cundinamarca, referente a un posible daño patrimonial.

Los sujetos procesales no interpusieron recurso de apelación contra esta determinación de primera instancia.