Tras la acción de conflicto de competencias presentada por la Procuraduría General de la Nación sobre el proceso que se adelanta contra el patrullero de la Policía Nacional, Ignacio David Parra Amín, por entregar información al ‘hacher’ Andrés Fernando Sepúlveda, el Concejo Superior de Judicatura definirá si este proceso debe ser adelantado por la justicia penal militar o por la ordinaria.

La audiencia que se tenía programada para este lunes quedó suspendida de manera indefinida hasta que el alto tribunal defina la competencia respectiva.

El uniformado firmó un preacuerdo con el ente investigador en el que se comprometió a entregar información sobre la entrega de datos reservados a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila.

La Fiscalía General le imputó en agosto de 2013 los delitos de violación de datos, cohecho propio y soborno al patrullero, quien por medio de su abogado ha manifestado su deseo de colaborar con las autoridades mediante la entrega de información.