De acuerdo con el Gobierno, esta el momento van 7.483 desmovilizados que actualmente hacen parte de una nómina formal en diferentes oficios, entre los que se destacan empresas de vigilancia con un 30 por ciento de empleados (2.249 personas); empresas de construcción con 11 por ciento (823 personas) y el sector industrial con un ocho por ciento (598 personas). Además, 14.966 reinsertados desarrollan distintas actividades económicas informales.
Según Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, afirma: “en Colombia ha habido una apertura importante del empresariado y amplios sectores de la sociedad para abrir espacios efectivos de empleabilidad y aceptación de la población en proceso de reintegración”.
Sin embargo, Mitrotti hace un señalamiento sobre el camino a recorrer por alta la estigmatización y el rechazo social que aún prevalece sobre los desmovilizados.
Aunque el proceso de brindar oportunidades laborales a los desmovilizados no es fácil, como afirma el Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Sura,Fernando Ojalvo, “parte fundamental del posconflicto pasa por la generación de oportunidades”.
En Colombia, las ciudades en las cuales hay más concentración de personas desmovilizados trabajando formalmente son: Bogotá (1.269 personas), Medellín (1.058), Cali (281) y Villavicencio (273).
Estas experiencias son fruto de los esfuerzos que segúnSergio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, han hecho los sectores económicas en especial la industria, el sector productivo, la manufactura y el comercio, y la construcción inmobiliaria y de obras públicas que has acogido muchas de estas personas.
“En algunos casos las experiencias han sido afortunadas, y estas personas se han reincorporado y han ido construyendo buenos antecedentes laborales, pero hay que destacar que algunas experiencias no han sido tan afortunadas y algunas personas tienen grandes dificultades de adaptabilidad. Algunos son renuentes a los salarios establecidos en nuestra economía porque llegan con expectativas de ingresos muy superiores que formalmente no se pueden pagar en la economía colombiana”, afirma Soto.
