–La violencia derivada de la falta de una desarticulación efectiva y completa de las estructuras armadas de grupos paramilitares, continúa impactando severamente los derechos de las y los habitantes de Colombia, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2014 presentado en las últimas horas en su sede en Washington, en el cual también expresa preocupación por la grave situación de impunidad en relación con las violaciones a los derechos humanos por parte de todos los sectores en el conflicto armado.

No obstante, destaca los esfuerzos el gobierno colombiano para hacer respetar los derechos humanos y en particular «reconoce la importancia de las negociaciones de paz que actualmente están en marcha» con las Farc en La Habana, para advertir que «la paz es necesaria a fin de asegurar el respeto a los derechos humanos».

Al efecto, la Comisión «reafirma su compromiso de colaborar con el Estado colombiano en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos identificados, y continuar brindando su acompañamiento en los términos de su mandato, en el proceso de implementación y seguimiento a las medidas que el Estado ha desplegado como parte de su propósito por abordar efectivamente los obstáculos que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia y cumplir con sus obligaciones internacionales».

En el informe 2014, no salen bien librados los gobiernos de Cuba y de Venezuela. En el caso cubano, afirma que las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en la isla.

Y con relación a Venezuela, destaca «la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicialización de la protesta pacífica y persecución penal de los disidentes políticos», así como «los altos grados de impunidad que se registran en Venezuela, las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios»

En cuanto a Colombia, la CIDH dice que observó con preocupación los elementos de continuidad que se verifican entre las antiguas autodefensas y las denominadas “bandas criminales emergentes” (BACRIM) que el Estado caracteriza como estructuras del “crimen organizado” con una “naturaleza y alcance diferentes” a los grupos paramilitares.

Resalta además «la grave situación de impunidad que se verifica en relación con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en adelante “DIH”) por parte de todos los actores del conflicto en Colombia, así como la falta de esclarecimiento de las dinámicas, alcances, composición y estructura de las antiguas autodefensas y los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares, constituyen obstáculos sistemáticos no sólo para garantizar los derechos de las víctimas, sino también para contar con información detallada y precisa que permita caracterizar a estos grupos, desarticular los lazos que los nutren y adoptar las medidas políticas y jurídicas pertinentes para enfrentarlos».

El informe, en la sección sobre Colombia del Capítulo V da seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe “Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, publicado en 2013.

En el Capítulo se reitera al Estado de Colombia la necesidad de continuar desplegando esfuerzos para lograr el cumplimiento de las recomendaciones del informe producto de la visita in loco realizada en 2012, así como sostener los resultados logrados hasta el momento.

En tal sentido, la Comisión reconoce que el Estado continúa desplegando importantes políticas públicas en materia de derechos humanos para hacer frente a la realidad compleja derivada del conflicto, así como el impulso que el Gobierno está dando en la atención a las víctimas de violaciones y la protección de personas en riesgo, y la significativa inversión en recursos humanos y financieros en estas áreas.

La Comisión «reconoce la importancia de las negociaciones de paz que actualmente están en marcha», pues advierte que «la paz es necesaria a fin de asegurar el respeto a los derechos humanos».

Tras señalar que reafirma su compromiso de colaborar con el Estado colombiano en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos, la comisión reseña el cese unilateral al fuego y las hostilidades por tiempo indefinido, anunciado en diciembre por las Farc y agrega que en vista de esto, reitera que la consolidación de un proceso de diálogo, y las expectativas de alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, son elementos transversales en la situación de derechos humanos en el país.

Agrega que en ese sentido que, si bien este proceso plantea una compleja dinámica para su consecución, la plena observancia de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, debe ser un aspecto central en el proceso de paz, no sólo en el posible alcance de un acuerdo, sino en la consolidación del mismo y su implementación, en términos de hacer cesar las violaciones derivadas del conflicto y evitar su repetición en el futuro; y cómo el posible establecimiento de la paz en Colombia, garantizaría a sus habitantes el respeto a sus derechos fundamentales.

Por otra parte, la Comisión valora positivamente que el Estado haya llevado a cabo un proceso de difusión con distintas autoridades gubernamentales y estatales sobre el contenido del informe objeto de seguimiento, y observa como una buena práctica el ejercicio interinstitucional desplegado para presentar información minuciosa y detallada sobre los esfuerzos desplegados por el Estado en el ámbito de derechos humanos durante el período 2013-2014, así como el análisis de las 134 recomendaciones incluidas en el informe Verdad, Justicia y Reparación.

CONCLUSIONES

En su informe sobre Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entrega las siguientes conclusiones.

-En virtud de la información y las consideraciones plasmadas en el presente capítulo, la Comisión le reitera al Estado de Colombia la necesidad de continuar desplegando esfuerzos para lograr el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia, así como sostener los resultados logrados hasta el momento.

-La Comisión reconoce que el Estado continúa desplegando importantes políticas públicas en materia de derechos humanos para hacer frente a la realidad compleja derivada del conflicto, así como el impulso que el Gobierno está dando en la atención a las víctimas de violaciones y la protección de personas en riesgo, y la significativa inversión en recursos humanos y financieros en estas áreas. Asimismo, el Estado se encuentra adoptando una serie de medidas de distinta índole para superar las situaciones violatorias de derechos humanos y caminar hacia la paz en la sociedad colombiana. En dicho marco, la Comisión valora nuevamente los esfuerzos emprendidos por el Estado en el proceso de paz y reitera que la consolidación de un proceso de diálogo y las expectativas de alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, son elementos transversales en la situación de derechos humanos en el país.

-La Comisión refirma su compromiso de colaborar con el Estado colombiano en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos identificados, y continuar brindando su acompañamiento en los términos de su mandato, en el proceso de implementación y seguimiento a las medidas que el Estado ha desplegado como parte de su propósito por abordar efectivamente los obstáculos que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia y cumplir con sus obligaciones internacionales.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado Colombiano, la CIDH ha continuado recibiendo información sobre la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, quienes continuarían siendo objeto de agresiones que tendrían por finalidad acallar sus denuncias relacionadas principalmente con violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado.

Asimismo, ha continuado recibiendo información sobre el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensoras y defensores en retaliación al ejercicio de sus labores. La persistencia de estas agresiones así como la criminalización de su labor mediante el uso indebido del derecho penal sumado a la falta de avances sustanciales en cuanto al esclarecimiento, investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de defensoras y defensores, constituyen un obstáculo para el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de Derecho y la democracia.

-Durante el primer semestre del 2014, organizaciones de la sociedad civil registraron 194 agresiones en contra de defensoras y defensores, cifra que representaría un incremento del 20% con respecto a las registradas durante el primer semestre del 2013. De estas 194 agresiones, 105 constituirían amenazas, 30 asesinatos 546, 29 atentados, 18 detenciones arbitrarias, 4 hurtos de información y 1 presunta desaparición.