A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió un nuevo escenario de riesgo por posibles vulneraciones a los derechos humanos en tres localidades de la capital de la República.

De acuerdo con la Defensoría, se trata de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe, donde jóvenes, líderes de organizaciones sociales, colectivos artísticos, desplazados y víctimas del conflicto armado, son vulnerables a la presencia clandestina de los grupos armados ilegales, que mediante el uso de pandillas, la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, y la ubicación estratégica de ‘campaneros’ y colaboradores, influyen en la cotidianidad de las comunidades.

“Situaciones como la vinculación de menores de edad en actividades ilícitas como la distribución de sustancias sicoactivas, la circulación de panfletos amenazantes, el transporte y aprovisionamiento de armas de fuego, la violencia y explotación sexual, el desplazamiento intraurbano y las amenazas, forman parte del diagnóstico elaborado por el SAT, que sitúa a las milicias de la guerrilla y a los grupos postdesmovilizados como articulares de estas acciones”, sostiene la Defensoría en un Comunicado.

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2013 y 2014 los homicidios en las mencionadas localidades, aumentaron sustancialmente, al pasar de 222 a 310, lo cual representa un aumento de 88 casos equivalentes a cerca del 40 por ciento más. Al mirar localidad por localidad, el incremento sobre la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes oscila entre los 3 y los 7 puntos porcentuales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que ha recibido denuncias de la comunidad, según las cuales en Usme y Tunjuelito, niños de entre 5 y 9 años de edad son utilizados por los llamados ‘jíbaros’ para el expendio de drogas, generalmente acompañando a adultos que se movilizan en motos o bicicletas y que esconden los estupefacientes en la ropa de los menores.

“También se han recibido quejas respecto al cobro de sumas de dinero a los comerciantes a cambio de un supuesto servicio de seguridad para sus establecimientos, so pena de retaliaciones en su contra”, sostiene la Defensoría.

Finalmente, el Sistema de Alertas Tempranas remitió el informe correspondiente a las autoridades, a quienes solicitó reforzar las medidas de vigilancia, prevención y contención de la delincuencia en 15 barrios de las localidades de San Crsitóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe.