La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia a pública a exfuncionario de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, quien habría aportado un título profesional falso para vincularse a la entidad.

William Quintero Duque, quien se desempeñó en los cargos de subdirector administrativo y subdirector financiero, de la secretaría, fue cita para el próximo 20 de mayo en las instalaciones de la Procuraduría Distrital por presuntamente haber acreditado un título falso de administrador de empresas, expedido por una universidad bogotana, la cual certificó al Ministerio Público que el mencionado no ha estado matriculado en su programa de pregrado de la Facultad de Administración de Empresas, ni ha optado al correspondiente título profesional.

La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, teniendo en cuenta que el señor Quintero Duque habría sido consciente de que no cumplía con los requisitos exigidos para desempeñar esos cargos y de que la documentación presentada era falsa.

La diligencia de carácter verbal se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo del presente año, a las 9:00 de la mañana, en la Procuraduría Segunda Distrital, ubicada en la carrera 10 No. 16 – 82, piso 9, de la ciudad de Bogotá.

Cabe recordar que una juez de Bogotá, con función de control de garantías,envió a la cárcel al exsubsecretario de Movilidad de Bogotá, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, por lo que consideró que, representa un peligro para la comunidad, puede obstruir la justicia y por la pena que le podrían imponer, es factible que se evada de la justicia.

Según la investigación, el imputado se posesionó como funcionario presentando documentos falsos, ya que tanto la tarjeta profesional como el diploma de administrador de empresas no habían sido nunca expedidos por la universidad. Gracias a esos documentos falsos desempeñó los dos cargos, logrando recibir por lo menos 43 millones de pesos, producto de la remuneración mensual. Además, se habría logrado constatar con la Universidad en donde supuestamente realizó sus estudios, que nunca se inscribió en algún programa académico.

Por otro lado, de el imputado, presuntamente, también permitió que con su firma se suscribiera un estudio de conveniencia para la realización de un contrato que se hallaba suspendido desde el año 2007. El contrato por 28 mil millones de pesos daba luz verde a la construcción de una bodega en la localidad de Engativá, sin que se cumpliera una licitación pública.

Finalmente se indicó que en la actualidad, el imputado se desempeña como edil de una de las localidades de la capital del país.