La Contraloría General de la República profirió falló con responsabilidad fiscal por $60.023 millones de pesos contra el exministro de Minas y Energía 2006-2010, Hernán Martínez Torres, por su presunta responsabilidad en detrimento patrimonial al realizar un ajuste por medio del otrosí que ocasionó una disminución en las regalías para el departamento del Cesar.

De acuerdo con el organismo de control, antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí 8, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones, para el período de transición.

En este otrosí se establecieron modificaciones en relación con la liquidación de regalías y otras contraprestaciones económicas, que significaron la disminución de las mismas en el denominado período de transición frente a lo que venía recibiendo el Estado por ese contrato de Gran Minería.

Según la Contraloría, la situación causó un daño a los intereses del Estado, dado que como consecuencia de los cambios realizados en el cálculo de los ítems de regalía básica, regalía adicional y compensación por ingresos brutos, para la producción del año 2010 (año considerado de transición), en la Mina Calenturitas, el Estado dejó de percibir $52.214 millones.

Además, dicha modificación según el informe de la Procuraduría, se realizó sin los estudios previos y sin la debida planeación, que amerita un contrato de gran minería, fundamental para los intereses patrimoniales de la Nación, argumentó la Contraloría General de la República.

Tales regalías estaban destinadas a satisfacer necesidades básicas de salud, educación y saneamiento básico, de los pobladores de los municipios de Becerril, la Jagua de Ibiríco, y El Paso, del departamento del Cesar, que en razón del contrato 044/89 se benefician de los recursos que se reciben por parte de C.I. Prodeco como contraprestación por la explotación de un recurso no renovable como es el carbón.

La decisión conocida hoy la tomó el Contralor Intersectorial 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y se encuentra sujeta a recurso de reposición y apelación ante el despacho del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

Indexada a la fecha de esta decisión, la suma mencionada se convirtió en $60.023 millones. Por dicha acción, también deberán responder, el exdirector de Ingeominas Mario Ballesteros, el director técnico de dicha entidad José Fernando Ceballos, así como la firma Prodeco.

Con esta acción fiscal, la Contraloría General de la República busca resarcir a las regiones que se vieron afectadas por no recibir las regalías y contraprestaciones económicas que debieron causarse de acuerdo con el mencionado contrato 044/89.